"Me niego a declarar porque estos juicios son inconstitucionales. La Constitución señala con toda claridad, en su artículo 18, que ningún habitante puede ser juzgado por comisiones especiales ni sacado de sus jueces naturales", aseveró el ex jefe del IIIº Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, durante la tercera audiencia del proceso que se realiza en Tucumán y que también tiene imputado a Antonio Bussi.

En esta oportunidad es por 17 desapariciones en el centro clandestino que funcionó en la ex jefatura de la Policía tucumana.

A través de la lectura de un documento, sostuvo: "Cuando la subversión marxista inició el asalto armado contra la patria estaba vigente la Ley 14.029 (Código de Justicia Militar), que designaba como mi juez natural al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Por tanto, este tribunal que me juzga hoy (el Tribunal en lo Criminal Federal de Tucumán) es incompetente para hacerlo".

Como lo viene haciendo en todos los juicios en los que está imputado, Menéndez manifestó: "A esa Ley 14.029 nos ajustamos las fuerzas legales para enfrentar al terrorismo marxismo, sin apartarnos de ella o de lo que los reglamentos nos exigían, sin cometer delito alguno. Sólo con esa ley debe juzgarse eventualmente nuestra acción contra la guerra antisubversiva".

Asimismo, expresó que "por mi carácter de comandante, fui el único responsable. Por eso, a mis dignos subordinados de ayer no se les puede imputar nada y, menos aún, privárselos de la libertad. Algunos de ellos hoy están aquí, presos".

"Hoy se da una paradoja grotesca: los terroristas marxistas, que desde el extranjero atacaron la República, y que no creían en nuestras instituciones y que querían cambiarlas por sus organizaciones marxistas, hoy usan a esas mismas instituciones para juzgarnos por haberlas defendido", añadió.

Además, el imputado aseveró que "este es el primer país en el que sus compatriotas juzgan a los soldados victoriosos que lucharon por y para ellos. A este triste récord lo tenemos, precisamente, porque ningún país serio juzga a sus soldados victoriosos".

"No quiero sumarme a un doble crimen: no declararé ante nadie que no sea mi juez natural para ceñirme estrictamente a la Constitución, tan vapuleada hoy, y para no ser cómplice de los marxistas que, haciendo uso de las vías legales, quieren llevarnos otra vez al abismo", remarcó el represor.

Menéndez fue el último de los siete imputados al que se le preguntó si quería declarar y, si bien dijo que no quería hacerlo, leyó un documento -por medio del sistema de videoconferencia- desde una sala contigua a la que se desarrolla el juicio.

En la causa también están imputados el citado Bussi, Albino Mario Zimmerman y Alberto Cattáneo, que se negó a declarar, además de los ex policías Roberto "El tuerto" Albornoz, y los hermanos Luis y Carlos de Cándido.

Comenzó la ronda de testigos

La especialista en legislación militar, Mirtha Mantaras, echó por tierras los argumentos de los represores y aseguró que el Ejército tenía un plan que no tenía que ver con la defensa nacional sino con atacar a su propio pueblo.

"El objetivo no era la guerrilla sino hacer un cambio radical económico y político. Así, el plan del Ejército fue una radiografía del golpe de Estado del ‘76, con el día D y la hora H", señaló ante la mirada molesta del ex gobernador de facto Antonio Domingo Bussi y sus ex subordinados, sentados en el banquillo de los acusados.

Mantarás, quién fué la primer testigo en esta mega causa, también aclaró que el polémico decreto de Isabel de Perón no ordenó aniquilar a los guerrilleros sino dejarlos sin su capacidad operativa.

Tanto los acusados como sus abogados intentaron en varias oportunidades restarle valor a las declaraciones de la especialista, lo que resultó infructuoso.