“Es la reforma legislativa de mayor envergadura de las últimas décadas, que afectará fuertemente nuestra cultura, nuestra vida y nuestras relaciones cotidianas. Coincidimos y apoyamos el debate amplio y el diálogo sereno”, subrayó la Comisión Nacional de Justicia y Paz.

El organismo laical dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina consideró en un comunicado que es “favorable la prórroga del plazo originario y perentorio de 90 días para su tratamiento legislativo”.

“No se trata de una ley que deba resolverse por intereses, urgencias o por imposición de número. Es una gran oportunidad para construir juntos, desde la amistad social, una Nación de hermanos”, indicó.

La Comisión Nacional de Justicia y Paz, que preside Gabriel Castelli, insistió en reclamar que se reconozca “la calidad de persona a todo ser humano a partir de la concepción, se respete el derecho a la identidad de todos los niños, se evite la cosificación de la mujer mediante el alquiler de vientres, se favorezca y simplifique realmente el procedimiento para la adopción y se respeten los deberes esenciales del matrimonio”.

La Comisión también insistió en la necesidad de que no se abandone la denominación de “bien de familia” en el capítulo dedicado a la vivienda y aseguró que la Iglesia “acompaña a los pueblos originarios que en forma unánime y masiva han expresado su preocupación por la falta de consulta acerca de los temas que los afectan, el tratamiento de su personalidad jurídica, que reivindican como pública no estatal, y una mejor regulación del derecho de propiedad indígena”.