Fueron víctimas del terrorismo de Estado que habían sido enterradas en una fosa común de ese centro clandestino de detención. La Justicia Federal dio a conocer ayer sus nombres.
Fueron víctimas de los más aberrantes delitos contra los derechos humanos, asesinados y enterrados en el Pozo de Vargas, una de las fosas comunes que los militares utilizaron en Tucumán, primero durante el Operativo Independencia, y luego en el denominado “Proceso de Reorganización Militar”, que se inició con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Fueron muchos años de dura espera para sus familiares, que recién ahora pueden despedirlos y saber adónde llevarles una flor.
La Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán anunció oficialmente ayer que se identificaron los restos de seis desaparecidos en una fosa común utilizada durante la dictadura militar para arrojar cuerpos de detenidos.
Cuatro de los identificados fueron reportados como detenidos durante el accionar del Operativo Independencia y antes del golpe de Estado, aunque ya cuando militares y policías estaban bajo el control del represor Antonio Domingo Bussi.
Se trata de Roberto Raymundo Vega (estudiante salteño radicado en Tucumán, que desapareció el 12 de enero de 1976); Segundo Bonifacio Arias (dirigente ferroviario de Tafí Viejo, secuestrado el 14 de febrero de 1976); Justina Andrea Carrizo (25 de febrero de 1976) y Luis Lescano (13 de marzo de 1976).
Los otros dos casos son los de Raúl Roque Danun (desaparecido el 13 de noviembre de 1976) y Eduardo Nicanor Giménez (5 de enero de 1977).
Salvo el caso de Carrizo, cuyo secuestro fue denunciado ante la Secretaría de Derechos Humanos provincial, el resto figura en el listado de la Comisión Nacional sobre la Desaparición Forzada de Personas (Conadep) del Congreso.
Estas víctimas pudieron ser identificadas a partir del trabajo realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) conjuntamente con peritos del Colectivo de Antropología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT).
Otros identificados
Dsde el Juzgado Federal 2, a cargo de Fernando Poviña, que lleva adelante la causa, recoradon que esta fue la tercera identificación que se concreta en torno a los restos humanos encontrados en esa fosa común desde 2004, cuando fue descubierta.
En diciembre de 2011, los vestigios del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, por cuya desaparición había sido condenado en 2008 a cadena perpetua el fallecido represor Bussi, fueron identificados tras ser hallados en el Pozo de Vargas, que está ubicado en Avenida Francisco de Aguirre al 4.000.
En tanto, Nilda Lucrecia Zelarayán, una joven secuestrada en febrero de 1976 cuando tenía 22 años y estaba embarazada de 6 meses, fue identificada en marzo del año pasado.
Por su parte, los restos de Antonia Esilda Romano, quien había sido secuestrada en mayo de 1976, fueron identificados por el EAAF en noviembre de 2012 tras ser recuperados de la fosa común del "Pozo de Vargas".
El dolor de los familiares
"Mi vieja podrá irse sabiendo adonde están los restos de mi viejo", expresó Silvio Luis Arias, hijo de una de las víctimas identificadas. "Estos delincuentes trataron de esconder los restos y las pruebas de los horrores que cometieron. Pero las pruebas están y ahora podemos seguir avanzando con las causas legales", agregó Arias, hijo del ferroviario taficeño.
La causa por los restos humanos de víctimas de la dictadura hallados en la la fosa común del Pozo de Vargas fue iniciada en 2002, tras una denuncia promovida por el peronista disidente Enrique Romero.
Comentá la nota