La vecina localidad presenta la misma problemática que Concepción del Uruguay
“En honor a la verdad y a la justicia social de todas las familias que están esperando, debemos garantizar que no se realice un negocio con la vivienda, que puede ser el alquiler o la venta de llave como se le dice comúnmente”, precisó el funcionario.
En dicha ciudad hay actualmente unos 20 trámites de desadjudicación, pedidos de cancelación e incluso demandas judiciales para recuperar unidades habitacionales y readjudicarlas. “Estamos siempre controlando y verificando las situaciones irregulares que se pueden dar. El IAPV realiza una venta a los adjudicatarios que cumplen ciertos requisitos. Entre las obligaciones se establece que mientras las viviendas no estén canceladas totalmente, tienen que habitarlas, no pueden alquilarse, y tienen que ser usadas con la finalidad de vivienda única para el grupo familiar”, explicó Aloy.
El funcionario señaló que permanentemente se detectan situaciones en las que los adjudicatarios no habitan la vivienda y hay casos en que la alquilan a turistas. “Además de que cobran un alquiler, en muchas oportunidades se advierte que la cuota de la vivienda, que es mínima, no es pagada”.
“Hemos comenzado en lo que va de esta gestión, desde 2007, regularizando viviendas en lo que tiene que ver con la parte administrativa, que es la desadjudicación y la re adjudicación inmediata a gente que necesita y está esperando. Ya se han regularizado más de 20 casos”, continuó diciendo Aloy, mientras que actualmente se avanza en la regularización de otras 20 viviendas, contabilizando los trámites administrativos de desadjudicación, de pedido de cancelación de vivienda y de trámite judicial.
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