La denuncia en cuestión vino de parte de las comunidades afectadas de la zona (Chaguaral, Corralito, San José, Cuchuy), y de otras de Ballivián que esperaban decidir las acciones a tomar.

En un comunicado, y tras la nota que publicó Nuevo Diario el miércoles que pasó, los estudiantes indicaron que "a pesar de los decretos que impedían seguir con la re-categorización, el gobierno sigue permitiendo que avance el negocio del desmontes y los desalojos. Detrás de la situación de Cuchuy además aparece de nuevo todo el andamiaje legal que montó el Estado para impedir la intervención de las comunidades, ya que sólo permiten tener voz a las comunidades con personería jurídica y que hayan hecho su denuncia antes de 2009. Fíjense que esto se realizó sin el menor sonrojo de las autoridades, cuando, por ejemplo, en la Constitución Provincial el artículo 15 dice que se reconoce y garantizará los derechos de las comunidades indígenas sobre las tierras que ocupan, declarando que las mismas no son enajenables, transmisibles ni susceptibles de gravámenes ni embargos".

Recordaron la denuncia de Greenpeace contra los propietarios de la Finca, Alejandro Jaime Braun Peña y Pablo Clusellas, quien es el actual secretario Legal y Técnico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ambos están vinculados a una serie de empresas del Grupo Macri.

Sostuvieron que los empresarios "han procedido a un fraude fenomenal contra las comunidades y familias campesinas", al amparo de la Justicia y el Estado por hacer "la vista gorda al fraude que le realizaron a las comunidades de Ballivián en el que terminaron usurpándoles 'legalmente'  9700 hectáreas".

Y es que recordaron que los delegados de los empresarios hicieron firmar a familias wichí de la comunidad de Cuchuy como a criollos actas acuerdo en las que cedían el monte y el territorio a cambio de 10 casas para las familias originarias y 300 hectáreas en una esquina del lote. Esto sería dentro de la zona que los propietarios indicaron como reserva dentro del proyecto del desmonte, por lo cual ninguna actividad pudo hacerse.

Entendieron que el anuncio de la sanción de la Ley que finalmente formaliza la creación de la Reserva Nacional de General Pizarro es "una nueva bomba de humo". Y es que "ni la reciente creación del Parque Nacional 'El Impenetrable', en Chaco, ni la futura Reserva Natural Nacional 'Pizarro', en Salta, lograrán compensar la masacre producida contra los bosques nativos ni contra sus habitantes".