Sin dudas la problemática habitacional que se vive en Salta y todo el país pasa, tanto por la construcción de viviendas como por la obtención de tierras disponibles para tal fin, aunque a decir verdad disponer del terreno es el principio de la solución.

Hoy, más de mil familias tratan de obtener de manera ilegal una porción de tierra mientras el estado provincial recurre a la justicia para evitarlo y lograr que todo se encause en un marco de orden y respeto.

En medio de esta disputa, la oposición busca llevar agua para su propio molino desde simplemente la dialéctica, pues ninguno de los referentes políticos cuenta con la experiencia de gobierno como para opinar con autoridad en el asunto.

Uno de ellos, sin embargo y proveniente del Frente Popular Salteño, salió a fustigar el accionar del gobierno olvidándose la nefasta política aplicada por su jefe político, el ex gobernador, Juan Carlos Romero, quien en doce años se quedó con las mejores tierras que pertenecían a los salteños.

El enviado para opinar al respecto fue nada menos que Javier David, un ex funcionario romerista que no sólo conoce muy bien las maniobras ilegales que Romero llevo adelante para apropiarse de tierras del estado sino que en varias de las causas abiertas en contra del ex gobernador, David aparece como imputado.

De todas las causas vinculadas al robo de tierras, David, como lo ha hecho sistemáticamente el diario del ex gobernador, ha olvidado las 90 hectáreas de La Ciénaga, un terreno que fue adquirido por la Provincia de Salta el 5 de junio de 1998, según se puede advertir en el decreto Nº 1.297.

Según este instrumento legal, el terreno se aceptó como parte de pago de tercero por la deuda que la firma Import S.R.L. mantenía con el ex Banco de la Provincia.

Las 90 hectáreas, agrega el decreto en su artículo 5, ingresaron al estado administrado por Romero para ser destinadas al Programa de Familia Propietaria, organismo desde el cual los Romeros controlaron el manejo de propiedades que años después fue la base de un millonario negocio inmobiliario hecho a costado del estado, o sea de los salteños.

La obtención de este terreno, avalada por el ex escribano de Gobierno, Víctor Manuel Brizuela, se formalizó por escritura 2.631 del 15 de julio de 1998. En la misma, se consignó la operatoria de compra-venta por 1.100.000 pesos, en paridad con el dólar.

“Pasamano” inmobiliario

Seis años después, en 2004, con la cotización del dólar a $ 2.91, la propiedad alcanzó un valor de 3.201.000 pesos. Pese a ello, y según consta en la acusación penal existente, Romero autorizó la entrega de las 90 hectáreas como pago por una suma de 460.000 pesos a José Luis Agustoni, un analista de sistema acusado de ser testaferro en esta maniobra.

O sea que Romero, el jefe político de David, ordenó vender las 90 hectáreas de La Ciénaga por menos de la cuarta parte de su valor en el mercado. Así se puede apreciar, al menos, en la escritura pública que la ex escribana de Gobierno, Laura Inés Wayar, registró el 16 de febrero de 2004.

A los cuatro meses, el 4 de junio, Agustoni vendió las 90 hectáreas a María Cecilia Pérez de la Fuente por la suma de 100 mil pesos, en carácter de compra en comisión para la sociedad Prados de Atocha S.A. La operatoria, según consta en escritura 107, fue autorizada por la misma escribana Wayar, aunque esta vez lo hizo como particular.

El 19 de noviembre de 2009, cinco años después, las 90 hectáreas fueron transferidas a Estancia El Carmen S.A: por la suma de 100 mil pesos, operatoria que esta vez fue suscripta por el escribano Brizuela, otro amigo de la casa de los Romero.

Cuando la justicia salteña comenzó a investigar este caso, pudo establecer que esta nueva firma propietaria se trataba en realidad de una empresa dirigida por Juan Esteban Romero, hijo del ex gobernador, siendo Marcelo Romero y Rodrigo Marcuzzi, hermano y sobrino del ex gobernador, otros directivos de la firma.

Esta empresa registraba como domicilio el mismo que tiene la empresa Horizontes S.A, editora del diario El Tribuno, dato que es imposible que sea desconocido por los periodista de dicho matutino, pues podría decirse que gracias al trabajo de estos cronistas el ex gobernador pudo arrebatarle a los salteños una vivienda digna.

Todo para mi

Una pericia que el juez Antonio Pastrana autorizó realizar en el marco de este expediente, permitió conocer la magnitud de la estafa que Romero llevó adelante. Se trata de un trazado realizado por arquitectos e ingenieros, quienes luego de restar el terreno no disponible para ser habitado llegaron a la conclusión de que en dicho lugar se podrían haber construido cerca de 1.800 viviendas.

Esto, sin embargo, nunca sucedió ni tampoco fue intención que suceda desde un principio, pues la maniobra solamente sirvió para aprovecharse del estado haciéndolo pagar sobreprecios por tierras que luego fueron a parar a las arcas del patrimonio personal de los Romero, quienes ahora esperan a que la justicia se olvide de ellos para generar en La Ciénaga una villa de chalets, acaso su mayor compromiso con esta provincia.