Los presidentes de once comunidades reclamaron ante la Fiscalía Especial para que investigue la forma utilizada al otorgar las escrituras de los terrenos. Quienes aceptaron, dicen por qué y defienden el pacto.
Los denunciantes aseguran que los gobernantes violaron todos los principios internacionales, nacionales y provinciales sobre el respeto al derecho de consulta y de propiedad comunitario, entre otros. También se encuentra en curso una denuncia por discriminación ante la delegación Mendoza del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (Inadi). Ramón Tello, presidente de la comunidad José Andrés Díaz de San Miguel y representante de once comunidades en el Consejo Nacional de Participación Indígena, contó que la denuncia la presentaron la semana pasada.
El reclamo, que se transformó en acción penal, fue porque se le dio tierras parceladas a una sola comunidad. La ley 6.920 habla de la entrega de tierras a las 11 comunidades huarpes con personería jurídica. Por eso, el reclamo y el pedido de justicia de los habitantes de la zona. "Hace más de 10 años que queremos un solo título en propiedad comunitaria, bajo un solo plano para todos.
Ellos hacen sus cosas entregando 72.000 hectáreas a la comunidad de La Laguna, dándole parte de la comunidad de Asunción, El Cavadito y San José. Esto genera división y conflicto entre las personas", señaló Tello. El presidente de la comunidad, Díaz, explicó que a muchos les han entregado los títulos sin saber cuáles son sus tierras. "Es como si te dan los papeles de un auto y el coche nunca lo viste. Encima, la entrega está plagada de irregularidades", manifestó.
Tres son los delitos que piden que se investiguen. Entre ellos, se solicita conocer si hubo una posible defraudación al Estado o puede ser también considerada como estafa, por ser una tierra vendida reiteradas veces. Por otro lado, es falsedad ideológica de un instrumento público. En octubre del año pasado, Jaque entregó escrituras por más de 72.000 hectáreas, en cumplimiento de la ley 6.920.
De esta manera, se efectivizó lo firmado el 19 de abril del 2010. En abril de este año, otras once comunidades huarpes del distrito Guanacache, Lavalle, instalaron una carpa en la explanada de la Casa de Gobierno, reclamándole a Ejecutivo el cumplimiento de la ley provincial 6.920, dictada en el 2008, que establece que se debe entregar un título comunitario y único a nombre de las once comunidades sobre las 780 mil hectáreas que este pueblo habita. Asimismo, repudiaron el decreto 633, firmado en abril del año pasado, por el cual se establece la entrega de tierras a una parte de la comunidad.
El rechazo se basa en que ese decreto fue firmado sin participación ni consulta previa del resto de las comunidades, violando lo establecido por la ley y la ideología huarpe, que considera la tierra como una, que no se puede dividir ni parcelar. Eudes Nievas, presidente de la comunidad lagunera, aseguró que hay malentendidos y que, por eso, le han cerrado muchas puertas. Sin embargo, tiene muy en claro cuáles son sus raíces.
"Mi identidad no la vendo por espejos de colores. Hemos salido criticados en diversos medios de comunicación, pero quien pierde su propia identidad pierde su destino", comentó. También indicó que para que se firmaran las escrituras de 72.000 hectáreas del distrito Laguna hubo que hacer un fraccionamiento de la totalidad de las tierras reclamadas, para no entrar en conflicto con las comunidades vecinas. La escritura está a nombre de la comunidad de Lagunas del Rosario y cada familia recibirá una copia del título.
En total, son 172 jefes de familias que incluyen a gente mayor y niños. Una vez que los varones formaron una pareja, ya son considerados jefes de hogar, pero las mujeres también son consideradas en esta categoría si son separadas y tienen que mantener a sus hijos. En cuanto al uso de la tierra, no cambia nada. La diferencia es la importancia y el poder legal que tiene la escritura, ya que no permite la invasión de gente ajena a la comunidad.
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