Hospital Pediátrico-Odontológico: concejales piden un amparo judicial

José Barbetti y María Martina presentaron una solicitud de amparo con el objetivo de "resguardar, mantener la vigencia y plena operatividad de la Ordenanza Municipal Nº 2431/93", que declara zona ecológica a la Laguna Argüello y su zona de influencia.
La acción legal, según expresan el presidente del Concejo Municipal y la edil aliancista se da “en virtud a la protección del ambiente y al deber del municipio de tutelarlo contra toda actividad que suponga un daño actual o inminente al ambiente” por lo que solicitan a la justicia que “ordene al Gobierno de la Provincia del Chaco el acatamiento de los términos de la Ordenanza 2431/93, replanteando la Localización del Complejo Hospitalario anunciado y licitado según publicación en los medios periodísticos, en otro sector que no altere o modifique la zona preservada como reserva ecológica.

La medida que solicitan Barbetti y Martina es para los terrenos comprendidos por “la Chacra 195, incluyendo a la parcela 32, contra el inminente peligro de verse afectado los intereses resguardados” por la ordenanza mencionada.

Destacaron en el escrito que la obra fue anunciada, licitada y contratada por el gobierno “sin haber sido autorizada su localización y construcción por parte del Municipio capitalino. Todo ello en franca violación a lo normado por la Ordenanza Nº 2431/93, norma que constituye la determinación de los usos del sector, como política de prevención y corrección del alto deterioro ambiental”.

Explicaron en la presentación que “si bien el artículo 5º de la norma citada, autoriza al Concejo Municipal, a dictar un instrumento legal para permitir la intervención en el área cuando las razones así lo justifiquen”, consideraron “necesario ratificar el mantenimiento de las características y condiciones de reservorio natural de todo el sector de la Laguna Argüello, por integrar del sistema fluvio lacustre del Río Negro”.

Defensa de la autonomía

En otra parte de la presentación fueron explícitos al solicitar “la reivindicación de la autonomía municipal y el respeto por la normativa vigente”, a la vez que instan “al Gobierno de la provincia del Chaco al cumplimiento del deber, como Poder público, de gestionar políticas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y salud ambiental, con la participación del Municipio, absteniéndose de avasallar, la competencia propia de éste último”.

Declararon que todas estas actuaciones legales se hacen “en resguardo de la Autonomía Municipal y el ejercicio pleno de las facultades del Concejo Municipal de la ciudad de Resistencia, en su decisorio como cuerpo Colegiado y en un todo de acuerdo a las facultades que detentan conforme normas constitucionales”.

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