Ese tiempo le dio la Secretaría de Trabajo al grupo Mastellone, propietario de la finca olivícola Promas, a la cual se le detectó que tenía casi 360 personas viviendo de una manera infrahumana mientras levantaban su cosecha. “Desde el gobierno se hará respetar a rajatabla todos los derechos de estos trabajadores”, indicó el organismo.
La empresa tenía que cumplir este martes con mejoras en las instalaciones de la finca; y en 24 horas solucionar la situación de los trabajadores alojados en los albergues fuera de la finca.
En tal sentido, la Secretaria de Trabajo precisó que se dispuso intimar a la empresa a que realice urgentes mejoras y sostuvo que se la empresa deberá ajustarse a la normativa vigente, tras lo que puntualizó que desde el gobierno, junto al gremio UATRE y Renatea se viene trabajando para evitar estas situaciones, pero hay empresarios que al día de hoy evitan cumplir las leyes o las quieren cumplir desde su conveniencia.
En lo que hace a la finca, explicó que se la intimó a que este martes realizara diferentes mejoras como instalación de más cocinas, canillas, entre otros elementos.
En tanto que en lo que hace a los albergues de los trabajadores fuera de la finca, se le exigió a la firma olivícola que traslade de forma urgente a los que estaban ubicados en uno ubicado sobre la calle Benjamín Matienzo y se le dio 24 horas para que se solucione la situación de los trabajadores del albergue restante, ubicado en calles aledañas al primero.
Además precisó que a esta misma empresa se la obligó a pagar lo acordado a más de 50 trabajadores, y el costo del boleto hasta sus lugares de origen.
Myriam Espinosa destacó que desde el área estatal a su cargo tienen a cargo el control de las condiciones de higiene y seguridad de las instalaciones y el registro de los trabajadores. “Está en vigencia la Resolución 839 del año 2011, que establece que las empresas nos deben dar el aviso del comienzo de las tareas de cosecha, con el fin de poder venir antes que ingresen los trabajadores, verificar estas condiciones y que se puedan hacer las mejoras si es que son necesarias”, indicó.
La titular de la Secretaría de Trabajo sostuvo que en el caso de esta empresa, la última vez que se la visitó fue el 18 de febrero, junto a la gente del área de Trata de Personas y del gremio rural UATRE.
“En esa ocasión se encontraban unos 70 trabajadores”, resaltó y agregó que “tenemos precisas instrucciones del ministro de Gobierno, Felipe Álvarez, de hacer respetar y cumplir todas las normativas vigentes, además se le eleva un inmediato informe de todas las actuaciones que efectuamos, tanto en Capital como en el interior”.
Espinosa señaló que en la jornada del lunes “tomamos conocimiento, por medio de la delegada provincial del RENATEA, Ana Córdoba, quien se habían hecho presente los días domingo y lunes, en uso de sus facultades y había comprobado que el albergue no contaba con las condiciones necesarias para su habitabilidad. Nos dieron parte de eso y por ello estamos comprobando esas insuficiencias”.
En tanto, el comisario Vicente Garrot de la Unidad de Trata de Personas de la Policía de la Provincia, se refirió a las inspecciones que se realizan en distintas fincas de la provincia en donde trabajadores rurales levantan la cosecha de uva y aceituna.
“Nosotros venimos realizando en forma conjunta con la Secretaría de Trabajo las inspecciones en las distintas fincas, tanto en la ciudad Capital como en el interior, donde se lleva a cabo la cosecha de aceituna y de la vid. En caso de detectar alguna anormalidad la comunicamos de inmediato a la Justicia Federal en base a la ley 26.364 de Trata de Personas en relación a la explotación laboral”, afirmó Garrot.
El funcionario policial añadió que la Unidad de Trata de Personas realiza las inspecciones en las fincas para comprobar si se ha concretado o no algún hecho que configura el delito de trata de personas vinculado con la explotación laboral. “De ser así hacemos las comunicaciones a la Justicia Federal ya que ellos están al tanto de las inspecciones que venimos realizando”, indicó.
Finalmente, Garrot destacó que las inspecciones en las fincas se realizan por pedido expreso del Ministerio de Gobierno y del Comando Superior de la Policía de la Provincia. “A estos controles los hacemos en forma periódica en los meses de enero y febrero a partir de directivas emanadas del Ministerio de Gobierno y del Comando Superior de Policía de la Provincia y actuamos en consecuencia de acuerdo a lo que se verifique en cada inspección”, remarcó.
Por su parte la delegada provincial de RENATEA, Ana Córdoba, explicó que “llegamos a esto a partir de una serie de denuncias que recibimos en la delegación provincial, donde había situaciones en las cuales había trabajadores que estaban enfermos o habían tenido accidente laboral, no habían sido asistidos por la empresa como corresponde”.
De igual modo señaló que “de hecho habían sido abandonados, sin haberles terminado de pagar los haberes, ni hacerse cargo de toda la cobertura de salud; trabajadores que habían sido despedidos de la empresa el día viernes y que fueron además desalojados de los lugares donde estaban viviendo”.
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