Mañana a primera hora se conocería si el juez federal Ricardo Bustos Fierro ordena la detención de seis de los 9 imputados por las graves irregularidades en las que habría incurrido la financiera CBI Cordubensis SA, escándalo desatado tras el hallazgo sin vida del vicepresidente de la firma Jorge Suau, cuya muerte cada vez parece más un hecho autodeterminado.

Al mismo tiempo, el abogado penalista Carlos Nayi anticipó que se presentarán ante la Justicia Federal 82 nuevas denuncias de clientes de CBI, que se suman a las 36 ya efectuadas.

El pasado viernes, el fiscal federal Enrique Senestrari comandó un equipo de la Policía de Seguridad Aeropuertaria (PSA), agentes de Afip y peritos de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que concretaron una veintena de allanamientos en domicilios particulares y las sedes de una importante concesionaria automotriz, una editorial y una financiera “paralela” a CBI que funcionaba en la ciudad de Villa María.

Imputados y ¿buscados?

Además de esa requisa, en la que se incautó numerosa documentación, se resolvió las imputaciones de 9 personas por los supuestos delitos de “asociación ilícita”, “estafa” e “intermediación financiera clandestina”.

Esas acusaciones recayeron sobre Eduardo Rodrigo -el “oculto” titular de CBI-, Jorge Suau -hallado sin vida en un camino rural próximo a Alta Gracia-, Julio César Ahumada, Aldo Ramírez, Daniel Tisera, Luis de los Santos, el periodista Víctor Alaniz, la escribana Doris Puccetti y José María Núñez.

Según trascendió los pedidos de detención de Senestrari recaerían sobre Rodrigo, Suau, Ahumada, Ramírez, De los Santos y Puccetti.

Los primeros cuatro como socios responsables de CBI, De los Santos por su “papel clave” como empleado en el manejo de la tesorería y Puccetti, por ser la escribana que avalaba los contratos.

Todos nombres aparecen en la presunta escrita por el malogrado Suau, que llegó en manos del fiscal Senestrari y fue el puntapié para las pesquisas que derivaron en los procedimientos, primero en las oficinas de CBI, y el viernes en otros domicilios relacionados a los miembros de la SA.

A pesar de estas imputaciones no se descartaban que existieran nuevas medidas judiciales.

Los principales sospechosos serían convocados por Bustos Fierro en el transcurso de esta corta primera semana de marzo para brindar indgatoria.

Fuentes de la investigación dejaron entrever ante una consulta de este medio que el operativo del último viernes se habría adelantado teniendo en cuenta el fin de semana largo por los feriados de Carnaval.

«Ya se fue del país supuestamente Rodrigo, y había varios que ya estaban haciendo las valijas», dejó entrever un investigador del complejo caso, que demandará varias semanas en el estudio de las pruebas.

El objetivo principal es determinar qué origen tendría los valores que se depositaban en CBI, y cuál era el manejo que se hacía con los millones de pesos por parte de la financiera.

El “negocio”, que tenía alrededor de 300 clientes y movilizaba aproximadamente 300 millones de pesos, creció desde el año 2008 hasta estos tiempos a través del “boca a boca”, y la supuesta “garantía” que brindaba que entre los ahorristas había funcionarios provinciales y municipales, poderosos sindocalistas y avezados empresarios.