Diputados radicales quieren saber si otras tres empresas se encuentran en una situación similar a la del empresario sureño Gustavo Matar. Además pidieron que el Gobernador se presente ante la Justicia.
Se trata de Sentidos SA, Mediabit SA y Comunicación Editorial Gráfica Argentina SA, habrían cobrado en los últimos seis meses alrededor de 20 millones de pesos por servicios de publicidad.
"Los legisladores Alejandro Limas, Roberto Infante y Daniel Dimartino, acompañados por el presidente del bloque Néstor Parés y los diputados Omar De Miguel, Fernando Barrigón, Néstor Guizzardi y Héctor Quevedo pidieron públicamente al gobernador Francisco Pérez y al ex secretario de gobierno Alejandro Cazabán que se presenten ante el Fiscal de Delitos Complejos, Santiago Garay, ya que consideran que son responsables de esta situación. Es que de los informes enviados a la Legislatura por el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado se desprende que entre 2010 y 2013 Matar ha cobrado por parte del Gobierno Provincial 34 millones de pesos y tiene facturado a cobrar 26 millones más", señalaron desde la UCR a través de un comunicado.
Los radicales adelantaron que, de acuerdo a la información con la que cuentan, actualmente Matar no figura como empleador y su empresa Sur Talent SRL fue dada de alta como empleadora recién en mayo del año pasado. En este sentido, aseguran que gran parte de la facturación cobrada se realizó mientras el empresario estaba en forma irregular con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Y agregan "que estaría en una situación irregular ante las presunciones que aplica la AFIP frente a otras actividades, como la agroindustria, el comercio, el servicio doméstico y las pymes, entre otras".
La relación del Gobierno con Matar
El pasado 1 de mayo, durante la Asamblea Legislativa, Matar estuvo trabajando en la Legislatura. Incluso a través de un móvil de su propiedad se transmitió en vivo el discurso del Gobernador. Para los radicales, ese hecho marca "que el vínculo entre el empresario con el gobierno sigue tan vigente como en la gestión de Jaque".
La denuncia original que vinculaba a Matar con la gestión del ex gobernador Celso Jaque se presentó en 2011. Ahora los diputados del principal partido de la oposición indican que "es indispensable que no se desvíe el foco de atención en este tema, ya que tanto la gestión de Jaque como la de Pérez están involucradas en esta situación, porque son ellos quienes han autorizado los pagos que superan los 30 millones de pesos en pocos años".
De la denuncia presentada en la Justicia, se desprende que durante la gestión de Jaque los pagos surgieron del Ministerio de Infraestructura (40%), que gran parte estuvo a cargo de Pérez, y entre la Secretaría General de la Gobernación (con Cazabán a la cabeza) y la Gobernación otro 40% más.
Los radicales pretenden que se amplie la información que envió el contador General de la Provincia, José Caviggia. "Queremos saber cuál es la relación del empresario con el Gobierno desde diciembre de 2011 hasta la fecha", dijeron.
"Cuando realizamos la denuncia en 2011, hablamos de que cobró 12 millones de pesos en un año, mientras que en 2010 sólo había percibido 900 mil pesos, lo que ahora nos obliga a saber cuánto es lo que ha cobrado hasta el día de la fecha", agregaron.
Según los diputados de la UCR, "comparando lo cobrado en los primeros 9 meses de 2010 con lo cobrado en el mismo período de 2011, sus ingresos han crecido 3.256%. La diferencia es tal, que es imposible representar gráficamente dicha evolución del percibido mes a mes desde enero de 2010".
Las críticas no concluyeron allí. "Sin duda, el modus operandi del gobierno provincial, siguiendo al modelo nacional es el sobreprecio en las contrataciones con proveedores allegados al poder", remarcaron los radicales.
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OTRAS EMPRESAS EN LA MIRA
Los legisladores radicales presentarán en las próximas horas un nuevo pedido de informes, pero en esta oportunidad con las empresas Sentidos SA, Mediabit SA y Comunicación Editorial Gráfica Argentina SA.
Los opositores solicitan en este sentido a la Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia, Subsecretaría de Comunicación Pública, Dirección de Personas Jurídicas y Registro de Proveedores de Mendoza que envíen detalles sobre estas tres firmas que habrían cobrado 20 millones en los últimos seis meses.
Entre otras cosas, se solicita informe sobre importes devengados, números de facturas, copias de las mismas, ubicación de los expedientes y si se han cancelado. Además, origen de la relación contractual, número de pagos liberados, el objeto específico de cada una (consignando fechas y montos), conformación de los directorios de cada empresa y domicilio real y legal, entre otras cosas.
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