Una nueva “crisis” en el Concejo Deliberante nos pone frente a una necesaria autocrítica. En muchas oportunidades los medios funcionamos como “multiplicadores” de verdades fragmentadas y “facilitadores” de peleas de escritorios.

En nuestro afán de informar de manera equilibrada con todos nuestros errores, repetimos argumentos y remarcamos enfrentamientos sin al menos intentar analizar el caso, aportar a la discusión u ordenar en la medida de nuestras posibilidades el debate mediático.

Los “reemplazos irregulares” en el Concejo han dado lugar a una nueva y prolongada crisis “legislativa”. En realidad hablamos de crisis en el legislativo, porque los enfrentamientos poco tienen que ver con acciones propias de legislar o conciliar.

Ante todo debemos analizar los motivos por los cuales los reemplazos serían “irregulares”: si nos remitimos al término en si mismo, “irregular” es una situación que no se ajusta a la ley, a las reglas o a lo que se espera normalmente.

La ley dispone la forma en que se eligen los concejales y también establece la manera en que se ejercerán las suplencias. Una fórmula matemática dispone los coeficientes para la representación legislativa. El primer concejal suplente es aquel que sigue en el orden de la nómina al último concejal electo. Morrone es la primer suplente de la circunstancial alianza entre el denarvaismo y la U.C.R.

Las reglas disponen mecanismos formales e informales de comunicación y reemplazos. Las autoridades del Concejo cuentan con la información suministrada por la Junta Electoral que acredita la representación legislativa, los partidos políticos también.

En otras palabras, los partidos no pueden disponer libremente de los reemplazos. En los formalismos se generó una zona gris que resulta ser el nudo de este problema: ¿Quién debió notificar a Morrone que debía asumir como concejal?.

Las autoridades del Concejo Deliberante son quienes deben asumir esa responsabilidad y poner en marcha los resortes administrativos para que este tipo de reemplazos sucedan de acuerdo a derecho. La tradición indica que no siempre se respetan los formalismos y que algunas veces los bloques asumen la responsabilidad de “notificar” a su tropa en relación a estos cambios: esto no puede volver a suceder.

Lo que se espera normalmente es que existan mecanismos administrativos aceitados, y ante una posible inexistencia, que los distintos actores interpreten la situación y obren con responsabilidad.

La responsabilidad es política, puesto que de no funcionar los resortes administrativos, las autoridades políticas del Concejo Deliberante deben controlar que se cumpla con la ley. Es decir, alegar torpeza administrativa no es más que responsabilizar a las autoridades del Concejo de aquel entonces ante esta posible irregularidad.

Frente a esta situación nos encontramos con un sinfín de acusaciones cruzadas que van desde el increíble aporte de mensajes de WhatsApp, pasando por una carta extemporánea de la supuesta damnificada y desembocando en la supuesta existencia de una nota firmada por Morrone.

En el medio de esta “novela” dos informes legales, interpretados a voluntad por las partes que intervienen en el conflicto, como si se estuviera hablando de una puja deportiva o una pelea entre niños. Los informes no son vinculantes.

La situación es grave ya que un reemplazo irregular estaría vulnerando la voluntad popular. Frente a esta situación no quedan muchas alternativas: 1) se genera una instancia de diálogo interno en donde rápidamente se asignan responsabilidades y se establecen acciones para mejorar de cara a futuros reemplazos; o 2) se acude a la justicia para que dictamine en relación a las responsabilidades de cada uno de los actores. La opción 3) sería prolongar esta discusión de manera absurda, buscando algún rédito político con el consiguiente desprestigio del cuerpo deliberativo.

Las 5 horas de debate en la comisión de Legislación del Concejo Deliberante indican que los concejales estarían oscilando entre la opción 1) y la 3). Todos los bloques han hecho un llamado al radicalismo para que asuma responsabilidades, pero también analizan la posibilidad de conformar una “comisión investigadora”.

La historia reciente del Concejo exige responsabilidad. En el debate todos los bloques apuntaron con el dedo acusador al radicalismo, mientras que esta fuerza pretende minimizar el hecho, repartir culpas y favorece, involuntariamente, un debate alejado de los problemas de nuestra ciudad.

La inseguridad golpea diariamente, los vecinalistas denuncian desesperados la proliferación de focos de venta de estupefacientes, nuestra ciudad es el conglomerado urbano con mayor desocupación en nuestro país, la educación provincial se está literalmente derrumbando y la salud pública se encuentra casi colapsada. Solo para que lo tengan en cuenta.

A muy pocos marplatenses y batanenses les importan las cuestiones que son ajenas a su complicada cotidianidad. Quizás este artículo les resulte interesante solo a 24 personas (algunos más seguramente). Es parte de nuestra responsabilidad.