Está en juego una montaña de plata que salió del ministerio de De Vido para la construcción de viviendas. Más de $700 millones que se usaron sin ningún control y salpican a una red de intermediarios en la que aparecen gobernadores, intendentes y funcionarios encumbrados del Gobierno central.

Schoklender está flojísimo de papeles para justificar su enriquecimiento: un hombre que decía ganar $ 25.000 anuales como trabajador autónomo fue capaz de comprarse aviones, un yate, autos de lujo, propiedades y hasta el colegio donde estudia su hijo . Y no hay manera de achacarle esto al menemismo: todo lo hizo en los años K .

Explicar esto le toca enteramente a él. Pero en la Fundación todo lo firmaba Bonafini. Y eso le toca a ella, como las operaciones inmobiliarias descubiertas a su hija . Allí es donde Schoklender pone la pelota.

El juez Oyarbide caratuló la causa como fraude y lavado de dinero. Muchos ven indicios más que suficientes como para agregar la figura de asociación ilícita . Pero una cosa así dejaría pegados a los dos y con riesgo de ir presos. A 50 días, Schoklender sigue sin ser llamado a declarar y la Fundación funcionando como si no hubiera pasado nada. Pese a que se trata de dinero público, ni siquiera fue intervenida . Hay una red de intermediarios y otra de protección.

Encima, el Gobierno pretende imponer su propia carátula: dice que es una campaña de desprestigio contra Bonafini y la causa de los derechos humanos . Pero acá no está para nada en discusión la valiente lucha de las Madres. Haber luchado contra la dictadura no da derecho a hacer cualquier cosa.