Vanesa –no es su nombre real– fue abusada sexualmente en la Casa del Niño del Padre Aguilera, en Unquillo. Y aunque declaró el año pasado ante la Unidad Judicial de la Mujer, la Justicia no puede investigar el caso porque su madre biológica no quiere radicar la denuncia.

Según las leyes argentinas, los menores no tienen la madurez para accionar penalmente y los delitos cometidos contra la integridad sexual “pertenecen a la instancia privada”. Esto quiere decir que es la víctima quien decide si acciona penalmente; o, en el caso de los menores, sus padres.

Historia de Abusos. La adolescente, oriunda de una localidad del departamento San Justo, fue sacada del seno familiar junto a sus hermanos por denuncias vinculadas a maltratos y trabajo infantil. Vanesa pasó ocho años en la Casa del Niño y luego de conocidas las primeras denuncias de abusos contra algunos de sus integrantes –en julio de 2011–, la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) acompañó a la niña a denunciar su abuso ante la Unidad Judicial de la Mujer. Sin embargo, no se logró que la madre de Vanesa se presente a realizar la denuncia: se excusó por escrito.

A raíz de esto, el Ministerio de Desarrollo Social, del que depende la Senaf, decidió el traslado de Vanesa (y de sus hermanos) a la residencia Infanto Juvenil de San Francisco.

El traslado formó parte de una política con la que se intentó reemplazar la función de la Casa del Niño para convertirla en un hogar que contenga a madres sin hogar.

Vanesa estuvo cinco meses en San Francisco y se integró rápidamente al colegio secundario, pero el intento de revinculación con su familia biológica “fracasó de inmediato ya que el papá es alcohólico y la mamá está con una pareja en el campo, con mucha carencia de herramientas para la crianza”, informó el Ministerio de Desarrollo Social al ser consultado para este informe.

La confesión. Fue en San Francisco donde Vanesa confesó: “A mí me violaron”, dijo a sus docentes mientras tomaban mates, tras una actividad recreativa.

Los docentes que trataron con ella durante el año pasado aseguran que “fue abusada hasta el último día que pasó en la Casa del Padre Aguilera”.

Pese a su denuncia y el relato que hizo ante sus maestras, el Código Penal establece que los delitos contra la integridad sexual dependen exclusivamente del ejercicio de las acciones de instancia privada, por lo que en este caso el Estado se mantiene al margen y sólo importa el delito si la víctima se ha sentido ofendida.

En el caso de los menores, como el de Vanesa, sus padres actúan como representantes para denunciar penalmente a un abusador. Tras la negativa de su madre en acusar al abusador, Vanesa podrá actuar recién cuando cumpla los 18 años.

Desde entonces, tendrá un plazo de 12 años –el máximo de pena para el tipo de delito– antes de que prescriba. Este período, extendido recientemente, se debe a la “Ley Piazza”, que debe su nombre al diseñador de moda Roberto Piazza, quien llevó su lucha al Congreso Nacional porque no podía denunciar a su abusador puesto que, cuando alcanzó la madurez para hacerlo, la causa había prescripto: antes de la reforma impulsada por Piazza, los términos penales para la prescripción se computaban desde la medianoche del día en que sucedía el abuso sexual.

El regreso. Cuando terminaron las clases, varios chicos de la residencia infantil de San Francisco fueron reubicados con distintas familias sustitutas, incluso los hermanos de Vanesa consiguieron quiénes los alojaran durante las vacaciones. Ella, en cambio, debió regresar a la Casa del Niño del Padre Aguilera sin saber cuál sería su destino.

18 años: adulto. Vanesa, la niña que contó que fue abusada, deberá esperar a ser mayor para poder denunciar a su victimario.