Mientras se espera, con gran expectativa, la comparecencia de la Infanta Cristina ante la Justicia, mañana, aparecen novedades en la causa. La Fiscalía Anticorrupción prevé reclamarle a la hija menor de los reyes de España 600.000 euros (830.000 dólares) de fianza por responsabilidad civil. Es lo que le corresponde afrontar por ser la propietaria al 50% de la empresa Aizoon, que compartía con su marido, Iñaki Urdangarin.

Ese dinero corresponde a dineros públicos malversados por la trama de corrupción organizada por el Duque de Palma, en total 6.500.000 millones de euros que captó Urdangarin mediante operaciones del Instituto Noos, parte de los cuales se desviaron a Aizoon. La fianza se pagaría si Urdangarin es hallado culpable.

El duque está imputado por seis delitos que, en total, están castigados con un máximo de 23 años de cárcel y la Infanta deberá declarar mañana como imputada por fraude fiscal y blanqueo de dinero.

La Infanta llegó hace diez días desde Ginebra, donde reside con sus cuatro hijos, para preparar su intervención ante el juez de Palma.

Sus abogados ensayan con ella un largo y tenso interrogatorio para precisar los temas y evitar, si se puede, las sorpresas.

Según sus letrados ha adquirido “plena conciencia” de la importancia de que ofrezca un relato coherente de su inocencia ante el juez José Castro. Para ella, para el Rey, la monarquía y la sociedad española que la escrutará.

El escándalo que tanto ha perjudicado el prestigio del Rey y la Casa Real ha llegado a su momento más dramático. Ya hay más de 300 periodistas –españoles y extranjeros– acreditados para cubrir informativamente la llegada de Cristina de Borbón y Grecia, Infanta (Princesa) de España, tercera hija de los Reyes y séptima en la lista de sucesión al trono.

Las medidas de seguridad, a cargo de 1.100 policías nacionales más guardias civiles y policías municipales han revisado la zona en torno al juzgado de Palma de Mallorca desde las cloacas hasta vistas aéreas en constantes vuelos de helicópteros.

En los techos estarán instalados tiradores.

La Infanta llegará en un automóvil con el cual descenderá la ya famosa rampa que lleva hasta la puerta del juzgado. Junto a ella hay un espacio donde se concentran, apretadamente, los medios que consiguen hacerse con un puesto privilegiado. Ahora arrecian las protestas porque la policía quiere alejar a los periodistas “por razones de seguridad”, una excusa para que no le puedan gritar preguntas, como sucede siempre con otros imputados.

La Infanta ha sido dispensada por el juez decano de Palma de descender la rampa, en el llamado “paseíllo, cuando los protagonistas del día deben pasar por allí, con un lado dominado por ventanas y balcones colmados de vecinos.