Derrocado el presidente Illia y casi rotas las relaciones con el Banco Mundial, el proyecto hidroeléctrico en la Norpatagonia debió esperar hasta que, en diciembre de 1966, el gobierno de facto del general Onganía autorizara por decreto a la Secretaría de Estado de Energía y Minería a concretar las respectivas financiaciones y adjudicaciones para la construcción de las obras del complejo El Chocón-Cerros Colorados durante el año 1967, a fin de que la central comenzase a generar energía en el año 1973. A partir de ese momento, se intensificaron los contactos con los organismos internacionales a los efectos de concretar el financiamiento externo. Paralelamente, se comenzó a manejar la idea de crear un ente autárquico para la ejecución y explotación del complejo que permitiera combinar la eficiencia empresaria con los intereses del Estado. Según la prensa de la época, el Banco Mundial exigía, para la concesión del crédito, que la empresa estatal se transformara en Sociedad Anónima, con el fin de “sustraerla de la sola influencia del poder oficial”.

Es así como, conforme al régimen instaurado por la Ley 17.318 -Régimen para las Sociedades Anónimas en las que el Estado fuera propietario de al menos el 51% del capital social-, se autorizó en octubre de 1967 a la Dirección Nacional de Energía y Combustible y a la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica a fundar una Sociedad Anónima cuyo objeto sería la construcción y explotación de aprovechamientos hidráulicos en la zona del Comahue. A ese fin, se les permitió suscribir y recibir en pago acciones de sociedades anónimas constituidas según el régimen de la referida ley y en las que el Estado nacional mantuviese el control mayoritario. En el proyecto de Estatuto anexo a este Decreto se determinó que la nueva sociedad a formarse llevaría la denominación de “Hidronor S.A. –Hidroeléctrica Norpatagónica Sociedad Anónima-”. Esta concesión significó una toma de posición decidida a favor de la hidroelectricidad.

Hidronor inició su gestión empresarial el 27 de octubre de 1967, cuando en la ciudad de Buenos Aires se reunieron representantes de la Dirección Nacional de Energía y Combustibles, de la Empresa del Estado Agua y Energía Eléctrica y de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires S.A. (SEGBA), firmando el Acta Constitutiva en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Poder Ejecutivo Nacional. Se conformó entonces un Directorio Provisorio, aprobándose los Estatutos el 10 de noviembre de 1967. Por Ley Nacional 17.574, dictada durante la dictadura militar del Gral. Onganía, que derogó la anterior legislación del gobierno de Illia -Ley 16.882/66-, se otorgó a la empresa la concesión para la construcción y explotación de las obras del Complejo El Chocón-Cerros Colorados a realizarse sobre los ríos Limay y Neuquén, incluidas las líneas de transmisión de energía y sus instalaciones complementarias desde las centrales del complejo hasta el sistema eléctrico Gran Buenos Aires-Litoral y otros sistemas de consumo que la Secretaría de Estado de Energía y Minería aprobase. La nueva norma legal aumentaba en un 5% los recargos sobre el precio de venta de la electricidad y el petróleo crudo elaborado en el país, que integraban el “Fondo El Chocón-Cerros Colorados”. Posteriormente, por Ley 19.287 de 1971 se creó el “Fondo Nacional de Grandes Obras Eléctricas” destinado sobre las mismas bases a proporcionar los recursos para la construcción de obras hidroeléctricas y termoeléctricas, líneas de transmisión y demás instalaciones complementarias en todo el territorio nacional.

De manera más explícita se priorizaba entonces la producción de energía como objetivo central de la función a desarrollar por Hidronor. Los proyectos para la promoción regional que la legislación anterior contemplaba quedaron sin efecto, particularmente los referidos a las obras complementarias de riego y a la distribución de los beneficios anuales resultantes de la venta de energía para su reinversión en planes de desarrollo regional. Tampoco se priorizaba el abastecimiento de energía a la región Comahue y, aunque se fijaban tarifas preferenciales para grandes consumidores, no se especificaba la condición de radicación en la zona. La Ley 17.574 no preveía, asimismo, el aprovechamiento integral de los recursos hídricos de la región, ni la celebración de convenios con las provincias involucradas para una efectiva coordinación de planes tendientes al desarrollo integrado, como sí lo hacían los proyectos antes analizados. El gobierno nacional decidió que este tema fuese encarado por un organismo especifico, el Consejo Nacional de Desarrollo –Conade-, creado en marzo de 1967.

En enero de 1968, en la primera Asamblea General Ordinaria de Accionistas se constituyó el Directorio definitivo de Hidronor S.A. presidido por el General Manuel José Olascoaga –nieto de quien fuera el primer gobernador del territorio nacional de Neuquén-, designándose como Presidente del Comité Ejecutivo al Ing. Raúl A. Ondarts, vicepresidente de la Empresa. En oportunidad de la firma del Acta Constitutiva, se emitieron acciones por un monto total de 4.000 millones de pesos m/n, las que fueron suscriptas por la Dirección Nacional de Energía y Combustibles, 2.950 millones; la Empresa del Estado Agua y Energía Eléctrica, 1.000 millones; y SEGBA, 50 millones, decidiéndose además la toma de contacto con el Banco Mundial a fin de conseguir el apoyo financiero necesario. El servicio de asesoramiento fue contratado con la firma Sir Alexander Gibb & Partners de Londres. Posteriormente se efectuarían a la empresa nuevas concesiones para ejecutar otras obras hidroeléctricas, como la ejecución y explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos emplazados en Pichi Picún Leufú, Michihuao y Pantanitos -Ley 23.411/86-, y la autorización para proyectar, construir y explotar el Complejo Alicopa, constituido por los emprendimientos hidroenergéticos de Alicurá, Piedra del Águila y Collón Cura -Ley 20.050/72.

A partir del inicio de la gestión empresarial, pueden distinguirse en la evolución institucional de Hidronor una serie de etapas vinculadas al devenir político nacional y a las distintas modalidades de conducción de los sucesivos directorios. Cabe considerar, sin embargo, que los cambios políticos nacionales no parecen haber afectado significativamente la continuidad de la empresa en cuanto al cumplimiento de su función específica de producción de energía eléctrica, aún cuando se hubiera interrumpido, en algunos casos, la continuidad de su conducción interna. Sí pueden observarse en cambio, en esta última, dos líneas diferenciadas con respecto al rol de la empresa en la región. Es posible distinguir, por un lado, un criterio eficientista, expresado en gran medida por los cuadros técnicos de conducción, con un fuerte acento en su carácter de empresa comercial productora de energía, prefiriéndose la no derivación de recursos hacia fines que no fuesen la reinversión en otros aprovechamientos hidroeléctricos. Esta línea de conducción primó durante la mayor parte de la historia de Hidronor. Por otro lado, en los momentos de apertura democrática, se interpretó que la empresa debía recuperar las antiguas funciones pensadas para el fomento del desarrollo regional, opinión sustentada principalmente por componentes políticos de los cuadros de conducción. Asimismo, la presencia en el Directorio de dos miembros propuestos por las provincias de Río Negro y Neuquén, desde 1970 en adelante, es otro elemento que incidió en el tratamiento de estas cuestiones, por cuanto los intereses de las provincias entraron con frecuencia en conflicto con los de la empresa.