Hidrocarburos: La provincia tiene más facultades, pero también más responsabilidades ambientales

La aprobación de la Ley de Hidrocarburos sostiene en sus 95 artículos nuevas potestades del Estado provincial para tutelar no sólo los recursos extractivos sino también los recursos hídricos y geológicos afectados para la explotación. A partir de la vigencia de esta ley, el ministro de Hidrocarburos provincial tendrá un rol fundamental en la aplicación de la norma y control del cumplimiento de las concesionarias sobre las garantías, seguros y estudios que tiene que presentar para operar en la provincia.
Por empezar, el estado, a través del ministerio de Hidrocarburos, deberá exigir a las empresas un estudio hidrogeológico de los recursos utilizados en el emprendimiento extractivo, donde básicamente se dejará fijado de dónde retiran el agua para explotar el pozo petrolero.

Por otro lado, los nuevos proyectos extractivos tendrán que abonar 3 por ciento más de regalías al estado provincial para distribuirse en un cincuenta por ciento entre los municipios de la zona sur (Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento y Río Mayo) y la otra mitad destinado al Estado provincial que lo repartirá entre todas las localidades de la provincia bajo el mismo criterio de coparticipación que rigió hasta ahora. Además, como la intención era que el porcentaje final sea de 4 por ciento, la ley establece que cuando el proyecto petrolero o gasífero lo amerite (por nivel de producción y/o precio internacional del recurso) se puede elevar el punto porcentual en discusión.

Además, volviendo sobre la cuestión ambiental, las empresas al mismo tiempo que deben continuar con los seguros de caución y garantías ante el agotamiento de pozos o abandono por falta de capacidad productiva, la ley quitó de su articulado la cuestión de los recursos no convencionales. Esta metodología productiva extractiva requería lo que se denomina “fractura hidráulica”, que además de utilizar grandes cantidades de agua requiere disolución de sustancias químicas que son difíciles de controlar una vez que el líquido filtra las capas geológicas.

Como ya lo establece la ley provincial de Medio Ambiente, para la explotación petrolera se obligará a las empresas a que presenten el presupuesto mínimo para proteger el medio ambiente. El texto de la ley aprobada por la Legislatura sostiene así: “Los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable conforme los requisitos establecidos en la Legislación aplicable”.

En materia laboral, sostiene que las empresas petroleras tendrán que contratar en un 70 por ciento de sus empleados a gente de la provincia del Chubut. Este fue otro de los puntos que sufrió cambio en cuanto al proyecto original, ya que en un primer momento el pliego exigía como mínimo un 80 por ciento del total.

La empresa petrolera de la provincia también tiene, a partir de esta ley, una preponderancia mayor fijada por una norma. Petrominera adquiere mayores facultades y herramientas para asociarse con empresas privadas para explotar los yacimientos. La intención del gobierno provincial es encolumnar a la empresa provincial con el fin de conseguir el autoabastecimiento energético que se impulsa tras la renacionalización de YPF. Para conservar los estándares de transparencia, la ley especifica que las asociaciones que realice la empresa estatal se harán bajo la modalidad de “concurso público”.

Se renegociará todo

El diputado nacional Mario Pais recordó que, luego de la firma del marco, “empezará el trabajo de renegociación de todos los contratos, incluido el de PAE”. El legislador, uno de los “ingenieros” detrás de la contrapropuesta elaborada por Comodoro recordó también que “lo primero es la aceptación jurídica de esta ley y fundamentalmente para que este bono adicional esté operativo”. Pais subrayó que este marco permitirá acceder a un 1,5% como piso para los municipios de la Zona Sur y otro tanto para provincia, adicionales a las regalías y una reparación histórica en materia de obras públicas para la ciudad. El diputado dijo que se trata de dar respuesta “a esto que el intendente ha llamado gran pasivo social y en el cual también está el ambiental”. El legislador recordó que “acá hemos tenido todos los impactos cíclicos de la actividad petrolera” y se refirió especialmente a la crisis del `98 y ´99. Pais consideró que ahora las operadoras “deben aceptar y adaptar a esta nueva ley sus obligaciones económicas y también sociales”. Y en ese sentido, comentó que “contar con los recursos necesarios para empezar un largo camino de reconstrucción del tejido social como le gusta decir al intendente y fundamentalmente, de infraestructura que nos está faltando”.

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