Las 800 aspirantes a ingresar al Servicio Penitenciario deberán rendir otra vez el examen de cultura general porque se detectó que, antes de la evaluación, circuló una copia de la prueba. Las jóvenes que difundieron esa información –dos aspirantes– ya no podrán ser parte del equipo de trabajo y se investigará las responsabilidades del personal encargado del ingreso.

La Secretaría de Asuntos Penitenciarios de la provincia confirmó que las 800 aspirantes que se inscribieron en la convocatoria de noviembre pasado para ingresar al Servicio Penitenciario deberán volver a hacer la evaluación –hayan o no aprobado en la primera instancia.

Pablo Coccocioni, titular del área, explicó que tomaron conocimiento de lo ocurrido a partir de una denuncia extraoficial. “Nos dijeron que estaban circulando entre las postulantes cuestionarios de algunos de los exámenes que se habían tomado”, contó y agregó: “Más allá de que la investigación continúa, hay dos personas directamente responsables, dos aspirantes que estaban prestando colaboración en la escuela, que fueron las que tomaron las fotos de los exámenes y las pusieron a circular. Así que ellas ya fueron desafectadas del servicio”.

En noviembre del año pasado cerró la convocatoria para mujeres de entre 21 y 28 años interesadas en sumarse al equipo de trabajo del Servicio Penitenciario. Una vez que las aspirantes presentaron la documentación requerida comenzó el período de evaluación.

Para acceder a uno de los 200 puestos disponibles, las 800 aspirantes debían completar un examen de aptitud física, uno de conocimientos generales, un chequeo médico y dos entrevistas, una psicolaboral y otra personal. Con toda esa información se definirá quienes obtendrán alguna de las vacantes.

Superar la prueba de conocimientos general es muy importante porque es una de las instancias en la que se realiza mayor depuración. “Se toman contenidos generales teniendo en cuenta lo que se estudia en el nivel medio, no son conocimientos específicos”, explicó Coccocioni, aunque reconoció que casi la mitad de quienes toman ese examen no lo aprueban.

Si bien aclaró que aún no estaban todos los exámenes corregidos porque quedaban varias fechas para que el resto de las jóvenes cumplan esa instancia. “Es una instancia selectiva bastante importante, junto con la prueba de aptitud física y la entrevista. Así que es un filtro importante”, marcó.

La difusión

Al ser muy importante la cantidad de aspirantes los exámenes comenzaron a tomarse en distintas fechas. A fin de evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad de la evaluación se armaron distintos temas para distribuir entre las jóvenes.

Según se detalló, un par de aspirantes encontró algunas de esas evaluaciones mientras colaboraba con distintas tareas en la Escuela Penitenciaria y le tomaron fotografías que, luego, difundieron a través de WhatsApp. Lo que no se pudo comprobar aún es si solicitaron dinero a cambio de dar a conocer por anticipado cuáles serían los temas que abordarían los exámenes, ni a cuántas personas llegó ese material.

Es en función de eso que la Secretaría de Asuntos Penitenciarios definió dejar sin efectos los resultados de los exámenes que ya se habían tomado y realizar una nueva convocatoria a todas las inscriptas. Las nuevas evaluaciones se tomaron el 12 y 13 de febrero.

“Como medida urgente se decidió anular todos los exámenes y tomarlos de nuevo porque esto no podía esperar hasta la conclusión del sumario ya que la selección está en marcha”, detalló el funcionario en diálogo con Diario UNO.

Consultado sobre la evaluación que hacen del hecho, considerando que se trata de personas que apuntan a ocupar cargos con gran responsabilidad, Coccocioni indicó: “Más allá de que esto no sea algo exclusivo del Servicio Penitenciario porque uno recuerda, por ejemplo, que un aspirante al Consejo de la Magistratura cometió un hecho parecido; para nosotros, como institución, esto es gravísimo. Así que quisimos brindar a todas las postulantes las mayores garantías de transparencia. Por eso la anulación total y la retoma de los exámenes. Más allá de que sea difícil determinar, en algunas fechas, si usaron o no ese material para copiar, entendíamos que quedaba un manto de duda sobre todo el proceso de evaluación. Entonces se decidió empezar de cero toda la etapa y monitorear el procedimiento para que no se vuelvan a tener estos problemas”.

En ese sentido, destacó que las mujeres que volverán a rendir fueron informadas de que no se trató de una decisión unilateral, aunque descartó que haya algún tipo de reflexión grupal sobre lo ocurrido.

De todas maneras, aclaró que el sumario por los hechos sigue su proceso para determinar si hubo responsables directos o indirectos entre los funcionarios “porque más allá de las dos personas que cometieron la falta, probablemente pueda haber otras responsabilidades indirectas respecto a la supervisión del proceso. Es decir, los exámenes han quedado, probablemente, expuestos a estas personas que no tenían que tener acceso”.