Esa fue la noticia que llegó ayer a Carlos Guerra, Orfilia Rodríguez, Lucía Ruiz y el concejal por la localidad de Coronel Juan Sola (Morillo), Claudio Ruiz, que ayer fueron a prestar declaración indagatoria en el Juzgado Formal de 1ª Nominación de Tartagal, desde donde se había ordenado la captura de los campesinos, tras ser denunciados por haber detenido desmontes que se hacían sin autorización alguna, según sostiene un acta labrada por la Secretaría de Política Ambiental.

“Se les levantó el pedido de captura”, dijeron referentes de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño (APPCHS), que ayer se concentraron frente al Juzgado tartagalense para apoyar a sus compañeros.

“Esto es una vergüenza. Ellos (por los trabajadores contratados por la empresa denunciante), estaban haciendo desmontes ilegales y terminamos nosotros denunciados y con pedido de captura”, sostuvieron algunos molestos ante el continuo acompañamiento de la Justicia a las acciones realizada por las empresas en el norte, en total diferencia a lo que sucede cuando se trata de las denuncias de los campesinos, cuyo destino suele ser la falta de acciones concretas sea de la policía, o de la Justicia.

Ante esta realidad, los campesinos volvieron a destacar que “la rapidez con que la Justicia actúa ante las denuncias de las empresas y no así de rápido ante denuncias de campesinos, nos hace dudar de la imparcialidad de la justicia en salta y el respeto por los derechos humanos, ya que siempre somos los campesinos los perseguidos y enjuiciados por los jueces mientras que los señores empresarios y las empresas, del poder, del dinero siguen actuando impunemente, sin respetar leyes ni derechos”.