Mientras el conflicto por los nombramientos irregulares de nueve exfuncionarios se encuentra en estudio en ambos bloques del concejo deliberante capitalino, ni bien comenzó el período de sesiones 2014, la presidenta inició un proceso de reuniones privadas con cada uno de los nueve empleados. En ese contexto, Jimena Herrera se mostró sensible y “pidió disculpas por el mal momento” que están pasando. Además, les confió su preocupación “por las presiones políticas” que está recibiendo “para tomar una decisión que les podría perjudicar”, según comentaron los afectados.

Entre tanto, los asesores de la presidenta ensayaron una negociación con la oposición para que se tome una medida “salomónica” según el “compromiso de cada empleado con la institución”. En otras palabras, Presidencia tiene en cuenta que algunos de los empleados quedaron prestando servicios efectivos en el concejo y tienen verdadera necesidad de continuar cumpliendo funciones allí, mientras que otros solicitaron licencia por cargo de mayor jerarquía o adscripciones, para ocupar cargos en la cámara de Diputados. Estos últimos, junto a Jorge Brizuela del Moral (actual funcionario del Bloque FCS), son los marcados como los “innecesarios” para la gestión.

No obstante, la propuesta sería rechazada por la oposición, desde donde sostienen que “ninguno de los nueve tiene más derechos que otro” y que Presidencia tiene que tomar una decisión por el conjunto.

Viraje político

Cabe recordar, que en la sesión del jueves pasado tomó estado parlamentario un proyecto mediante el cual el edil Juan José Sigampa cargó el debate de ribetes políticos, al solicitar que el cuerpo vote -en forma nominal- un proyecto de decreto para el despido de los funcionarios pasados a planta por “no reunir las condiciones éticas y morales para ocupar sus cargos”. No obstante, el proyecto fue remitido a los bloques para su estudio, por entender que ninguna de las comisiones conformadas por el concejo tiene pertinencia para dirimir este tipo de cuestiones.

Mientras Sigampa no oculta su ansiedad por resolver la situación en un debate político y, da por hecho que el FCS va a cajonear el proyecto para que no llegue a ser votado, tanto el bloque Frente Cívico y Social como el unipersonal Unidos por Catamarca, consideraron que Herrera es quien tiene la única potestad para decidir sobre el conflicto, por considerarlo una cuestión “netamente administrativa”.

Mientras tanto, se supo que las dilaciones en la toma de una decisión definitiva por parte de Presidencia tiene que ver con un “costo político” porque reconoce que algunos de los empleados no “merecen” ser despedidos, pero lo que más preocuparía a Herrera es el posible costo económico para la institución, ante los posibles juicios por “daños y perjuicios” que iniciarían los empleados en caso de ser despedidos.