Adriana Nazario había dicho que es una pista “privada” y costeada por el country.
Cuando estalló la polémica por la existencia de este helipuerto a metros de la vivienda del mandatario, desde el Centro Cívico aseguraron que es propiedad del Directorio del country Riverside, y que no es de uso exclusivo de De la Sota. Sin embargo, el certificado municipal hace constar que el emprendimiento cuenta con «la autorización del Directorio” del exclusivo country Riverside. Es decir que la sociedad anónima que administra el barrio privado “autorizó” a la Provincia la construcción del helipuerto, pero no es quien pidió la habilitación.
Otro elemento que contradice la información oficial es que, según el certificado firmado por el secretario Martí, el helipuerto “estará destinado al uso oficial del Gobierno de Córdoba”. Esta información desmiente lo afirmado lo dicho por la Secretaría de Prensa de De la Sota, y por Adriana Nazario, quienes informaron que el predio es para uso de «cualquier vecino». Anteayer, Nazario aseguró que es un «helipuerto privado». Con respecto a quien lo pagó, afirmó: «Los propietarios del barrio (Urbantec SA) donaron el lote, la empresa Pedrueza
(su propietario vive también en el barrio) hizo la obra donando la mano de obra, y yo contribuí pagando el asfalto y la iluminación reglamentaria”.
Por otra parte, la autorización municipal dice (con fecha 9 de abril de 2013) que es “factible” la “localización” del helipuerto en ese sector de country, cuando supuestamente el mismo había sido construido mucho tiempo atrás.
El titular de Planificación de Río Cuarto aclaró que su Secretaría “emitió un certificado de uso conforme del suelo a pedido del Gobierno de Córdoba”, pero aclaró que “como Municipalidad no damos habilitación, porque no tenemos regulada la actividad helipuertos”. “Quien habilita es la Anac (Administración Nacional de Aviación Civil)”, agregó. De hecho, el certificado de uso del suelo señala que la operatoria del helipuerto, y en el certificado aclaramos que para que el helipuerto opere, debe contar con las autorizaciones de las autoridades nacionales y provinciales en la materia, lo que según algunas fuentes, no estarían aún.

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