El diputado Omar Hallar volvió a insistir en su pedido de que se disponga el inmediato cese de la intervención en la Caja de Servicios Sociales, normalizando su gobierno y administración mediante la integración del Directorio de acuerdo a lo establecido en la ley de creación del organismo. Remarcó que no hay motivos para que los trabajadores no recuperen su obra social y pidió al Gobierno de la provincia cumplir con el compromiso público asumido, durante los últimos años, de devolver la Caja a los trabajadores.

Hallar recordó que la Ley 364, sancionada el 25 de julio de 1964, creó un Organismo Autárquico destinado a brindar a los empleados públicos activos, pasivos y su grupo familiar directo, las prestaciones médico asistenciales y de asistencia económica. Detalló que, de acuerdo a lo normado por el Artículo 5° de la Ley Nº 364, la Caja de Servicios Sociales debe ser conducida por un Directorio integrado por un presidente y tres vocales. El presidente y un vocal deben ser designados por el Poder Ejecutivo y los otros dos vocales deben ser elegidos por los afiliados, uno por los titulares activos y el otro por los titulares pasivos, en forma directa y secreta en comicios a ser convocados por el Poder Ejecutivo. La misma ley establece que “los recursos de la Caja son provistos aproximadamente en partes iguales por el Estado y los agentes de la Administración –en actividad o jubilados-”.

El legislador destacó que la Caja de Servicios Sociales de nuestra provincia está intervenida desde hace muchos años, sin que hoy haya motivos que justifiquen la continuidad de esa medida.

“Hay que terminar cuanto antes con estas anomalías, y cumplir lo que establece la ley. El Gobierno debe terminar de manera urgente con la intervención y devolverle la CSS a sus afiliados, para que sean ellos quienes decidan los destinos de la misma de manera democrática”, sostuvo.

El legislador indicó que ser parte en el manejo de la CSS es un derecho de los trabajadores: “Corresponde que la obra social sea conducida por los afiliados, tal y como establecen las normas vigentes” y lamentó que, pese a eso, “hace más de 15 años que el FPV intervino el organismo para sanearlo y mejorar las prestaciones” y nunca le devolvió la representatividad a los empleados estatales.

“Lejos de cumplir con esas promesas, han generado una intervención que pretenden e imaginan eterna, que no resulta transparente ya que no presenta sus balances y que no ha mejorado el servicio a los afiliados”, sostuvo Hallar y recordó que el propio gobernador “se comprometió públicamente, hace dos años, a que iba a democratizar la obra social”.

“Hoy, pese a las promesas realizadas públicamente, no se ha dado ningún paso hacia la restitución de la Caja de Servicios Sociales a sus legítimos dueños, que no tienen la posibilidad de decidir el destino de los fondos del organismo ni su administración a través de sus representantes. Tampoco tienen injerencia alguna en las contrataciones ni en las prestaciones, ni pueden realizar ningún tipo de gestión en el organismo, que desde hace años funciona como un órgano más del gobierno, sin siquiera rendir cuentas a la sociedad sobre el manejo de los fondos. Es imperante que se cumpla con las normas, se respeten los derechos de los trabajadores de Santa Cruz y se devuelva la Caja de Servicios a sus legítimos dueños y administradores”, concluyó Omar Hallar.