La Jueza de Familia, Marcela Trillini hizo lugar al recurso de amparo interpuesto por los Defensores de Menores e Incapaces de la Tercera Circunscripción Judicial, e intimó al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Rio Negro a modificar la situación de hacinamiento del hogar de menores “Caina adolescentes”. Para éso, le exigió a esa cartera provincial que en un plazo perentorio de 30 días, arbitre las medidas necesarias para adecuar las condiciones habitacionales del mencionado lugar internación, según informó el Departamento de Prensa del Poder Judicial.

La medida apunta a garantizar los derechos de las jóvenes, niños y niñas allí alojados. De no cumplir con la disposición de la jueza Trillini, Desarrollo Social estaría incumpliendo “los deberes de funcionario público, e incurriría en desobediencia judicial y bajo apercibimiento de ser objeto de las sanciones civiles para las que se encuentra facultada por ley”.

El recurso de amparo fue interpuesto por los Defensores de Menores e Incapaces a cargo de las Defensorías la Tercera Circunscripción Judicial de Río Negro.

Señalaron que realizan visitas periódicas a los lugares de alojamiento de niños, niñas y adolescentes, advirtiendo que el hogar en cuestión “está superpoblado, porque tiene capacidad para seis personas y se encuentran alojados diez jóvenes y dos niños.

Trillini justificó su resolución mediante un extenso marco de antecedentes legales y normativas provinciales, nacionales e internacionales. Y entendió que en el hogar “Caina Adolescentes” se encuentran “sobradamente vulnerados los derechos de las adolescentes allí alojadas y de sus hijos”.

Para la Jueza Trillini, se trata de “una situación de peligro grave, inminente y verosímil, que justifica poner en marcha la vía excepcional del amparo, teniendo en cuenta los derechos y libertades humanas que la misma protege, y su finalidad, cual es poner fin de inmediato a una situación arbitraria, ilegal, abusiva que ocasiona un gravamen de urgente reparación que no puede esperar su solución mediante las vías ordinarias”.

Y prosiguió: “El hacinamiento, la falta de privacidad de las jóvenes madres para amamantar y cuidar a sus bebés, el mobiliario deficiente, los espacios reducidos y el deterioro general del lugar, lejos su ubican de los estándares básicos que deben cumplirse en pos de garantizar una estancia digna a quienes allí se alojen”.

La magistrada entendió, en esa línea que a “estas adolescentes que no pueden convivir en su grupo familiar, se las revictimiza asignándoles un alojamiento que claramente vulnera su integridad psicofísica”.

Y consideró que “tampoco cuentan con un espacio de recreación, puertas en las habitaciones, un espacio de estudio -todas ellas están escolarizadas- lo cual claramente atenta contra su dignidad y su derecho a estudiar, máxime teniendo en consideración lo difícil que es mantenerse en el sistema educativo criando hijos”.

La jueza ententió que “el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, no puede justificar ni su inacción ni su actuación vulneratoria de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la falta de recursos, máxime cuando es la autoridad de aplicación de la ley 4109, cuyo objeto es la protección integral de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes de la Provincia de Rio Negro”.