Se lanzó el proceso para establecer la responsabilidad de los tres empleados sospechados de fraude. Citan a testigos.
La cuarta persona, Marcelo Martorell, sospechada de participar en el fraude que investiga la Justicia no es parte del proceso de sumario porque renunció a su cargo el 1 de marzo de este año.
Hasta ahora, los sospechosos se han mantenido en silencio y ninguno ha hablado públicamente sobre la situación que los afecta.
El proceso administrativo está a cargo de la instructora sumariante, Laura Viñas, designada por el Ministerio.
La Fiscalía de Estado, a través del fiscal adjunto de Investigaciones Administrativas, Javier Fernández, se presenta como la parte acusadora en el proceso.
Ayer, en sesiones reservadas se comenzaron a tomar testimoniales a los empleados de la unidad.
Mientras se efectúa el sumario para determinar la responsabilidad administrativa de los tres empleados, éstos se encuentran suspendidos por 30 días de acuerdo con lo que estipula para estos casos el decreto 560/73 Estatuto del Empleado Público.
Paralelamente a esta acción interna del Ministerio de Hacienda continúa la investigación judicial encabezada por la fiscal especial Claudia Ríos, quien ha caratulado la causa como “fraude a la administración pública”.
Para esto colaboran todos los organismos de control del Estado, además de incorporarse a la causa la Fiscalía de Estado. La Contaduría General de la Provincia tiene orden de iniciar una auditoría sobre la UFI desde sus inicios, en el 2005.
También la Legislatura ha intervenido en el caso. El miércoles resolvieron durante la sesión de Diputados citar al ministro Adrián Cerroni para que explique el caso, aunque todavía no se ha definido qué día asistirá.
En suma, los tres poderes del Estado se han metido de lleno a investigar el caso, en el que hasta ahora no hay imputados.
La fiscal Ríos ha registrado en dos oportunidades las oficinas de la UFI en busca de elementos probatorios que sustenten la causa.
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