La madre del polista Ignacio Ballesteros, quien se encuentra hace años postrado porque padece una afección encefálica severa, denunció ayer que hace cuatro meses que no lo puede ver a su hijo, quien se encuentra en Rosario internado en una casa al cuidado de su esposa Gisella La Menza, debido a que el cese del régimen de visitas ordenada por el juez de Familia rosarino, Manuel Rosas, se suspendió por la renuncia de la asistente social que tenía a su cargo supervisar estos encuentros.

“Tenía que ir acompañada de la asistente social Alejandra Salim, quien arbitrariamente cobra el monto de honorarios que desea (180 pesos) y si no le pago no me deja ver a Ignacio y es también la que suspende las visitas cuando lo desea, sin poner un reemplazo, violando mis derechos y los de mi hijo, dijo a LA MAÑANA la madre del politsta, Graciela Centeno Moyano.

Al renunciar Salim a esta tarea hace cuatro meses, Centeno Moyano elevó un petitorio al juez Rozas para que designe otra persona que concurra a este régimen de visitas, que se cumplía los viernes por la tarde en Rosario, pero el magistrado no tomó una determinación por lo que la madre del polista no puede visitar a su hijo ni ver el estado de salud: “A esta altura ya se trata de una violación a los derechos humanos de Ignacio”, consideró.

Agrega la madre, que la actitud de la nuera quien “no quiere que veamos a Ignacio”, ni de su familia que “agredió a golpes de puño a mi marido” ayudan a que puedan visitar a su hijo, aunque “sí les permiten verlo a sus amigos, quienes nos cuentan que no se encuentra recuperándose”.

“A esta altura ya se trata de una violación a los derechos humanos de Ignacio”, dijo la madre del polista.

La madre de Ignacio considera que los tiempos judiciales no tienen relación con lo que es un caso de humanidad, al entender que “sólo la familia es la que puede contribuir a una mejoría de Ignacio”.

La historia no es nueva y está plagada de incidentes judiciales y de dudas respecto a la terapia que eligió La Menza para tratar a su esposo. “Me invade una profunda angustia, no sólo por las inexactitudes consignadas en algunos medios de prensa, sino por lo que subyace de las expresiones de la esposa de mi hijo”, dijo.

Tras el accidente de Ignacio en la provincia de Buenos Aires en diciembre de 2010, fue internado en el Fleni de donde fue sacado por su esposa y llevado a Rosario. A través de una orden judicial del juez federal Ricardo Bustos Fierro, el polista fue internado en Córdoba en el Instituto Vida Sana, aunque posteriormente por una determinación de la Corte Suprema de Justicia se determinó que debía volver a Rosario.

“Durante los 11 meses que Ignacio está en la internación domiciliaria nunca pudimos tener información sobre el tratamiento que se le estaba realizando y esta omisión fue convalidada por el juez Rosas, con el agravante que el médico Esteban Fridman, quien lo estaba atendiendo, nos informó por e-mail que se estaban haciendo experimentos con psicofármacos. Esto está debidamente documentado”, expresó la madre del polista.

Agregó sobre La Menza que en una “interconsulta médica autorizada por ese magistrado, los profesionales informaron que en la esposa se “observan conductas paranoides, agresividad contenida y sin conciencia de situación”, y puso a disposición de este medio “los dictámenes periciales de terceros imparciales”.

Centeno Moyano expresó que “se ha solicitado la recusación del juez Rosas, quien todavía no se ha apartado a pesar de estar denunciado por mal desempeño y prevaricato”.

En un informe se “observan conductas paranoides, agresividad contenida y sin conciencia de situación”.

“La Corte Suprema le ha ordenado al Tribunal Colegiado de Familia N° 4 que adopte con carácter de urgente las medidas necesarias para preservar la salud de mi hijo y este Tribunal todavía no ha adoptado decisión alguna, convalidando la violación de las órdenes judiciales como es el régimen de visita que tengo asignado”, agregó.

Acotó la madre: “Intento ser optimista y muchas veces deseo que sea cierto que su esposa lo está atendiendo bien, pero lamentablemente los datos de la realidad me demuestran todo lo contrario, entonces me invade la desesperación de pensar que tengo la obligación de hacer algo por mi hijo, que se trata de una persona discapacitada en estado de vulnerabilidad y que todos los esfuerzos que hacemos para preservar su derecho a la vida y a la recuperación no lleguen a tiempo, que sea demasiado tarde”.

Los estados de sospecha están a la orden del día. Casado con Gisella, a los siete meses quedó postrado en una cama como consecuencia de haber caído del caballo en una práctica de polo. La detección en Córdoba de “parches de testosterona” en su cuerpo llevaron a todo tipo de hipótesis relacionadas con una procreación artifical, aunque nunca pudo ser probado esto. “No existe razón médica neurológica para ello... Más aún ese tratamiento es contraproducente para la patología de Ignacio”, razón que llevó a ser calificada en Córdoba por el fiscal federal una conducta de “abuso deshonesto”, causa que está siendo investigada.

Lo cierto que más allá de las idas y vueltas judiciales, sería lo mejor que la familia de Ignacio y la esposa, Gisella La Menza, pudieran ponerse de acuerdo sobre el mejor tratamiento para tratar de recuperar a Ignacio.