Según los términos expresados en el acuerdo, la Jefatura de Gabinete impulsaría la implementación del “Programa Integral de Protección Ciudadana” mediante la suscripción de convenios de cooperación con los gobiernos municipales a los efectos de fortalecerlos en su función de colaboradores con los organismos estatales de la provincia para proteger la vida, seguridad y propiedad de los ciudadanos e incorporar tecnología de última generación en materia de seguridad, dotar a las fuerzas de mayor capacidad operativa, coordinar el funcionamiento de los recursos y herramientas proporcionadas e incentivar la participación ciudadana y la conformación de redes sociales para la prevención de delitos.

Concretamente el Programa consiste en asignar a diversos Municipios recursos nacionales no reintegrables (los cuales ascenderían según lo informado por el Ejecutivo Nacional a la suma de $ 400.000.000 aproximadamente) y se implementaría en el Gran Mendoza y distintas áreas previamente delimitadas del Conurbano Bonaerense (ÁREA I: San Isidro, Vicente López, Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, Quilmas, La Matanza, Ituzaingo, Hurlingham, Morón, Tres de Febrero y General San Martín; ÁREA II: Tigre, San Fernando, Malvinas Argentinas, José C. Paz, San Miguel, Merlo, Ezeiza, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Florencio Varela y Berazategui; ÁREA III: Escobar, Pilar, General Rodríguez, Marcos Paz, Cañuelas, San Vicente, Presidente Perón, La Plata, Ensenada y Berisso; ÁREA INTERIOR: Mar del Plata y Bahía Blanca).

En el Convenio de Cooperación se estableció que la Jefatura de Gabinete de Ministros asignaría un aporte no reintegrable y que el 50% de dicho apoyo económico sería transferido dentro de los 30 días corridos desde la aprobación del gasto respectivo. El saldo se transferiría a cada Municipio, previo informe del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a la puesta en marcha del programa.

De esta forma, el Municipio que comanda el Intendente Pablo Bruera, recibió de acuerdo a la cantidad de cuadrículas en las cuales fue divido -76- un total de $ 23.362.436, de lo cuales recibió hasta el momento, $ 11 millones.

Lo cierto es que recién esta semana, las Comisiones de Hacienda, Legislación y Seguridad, dieron despacho al Mensaje N° 15080 del Departamento Ejecutivo, a través del cual se adjuntó el proyecto de Ordenanza, aprobando dicho Convenio de Cooperación.

De acuerdo a lo estipulado por el acuerdo, el dinero otorgado por la Nación debía ser destinado a: sistemas de videos, monitoreo satelital de patrullas, incorporar policías retirados a las calles, colaborar con la red de alerta vecinal, adquisición de patrulleros nuevos y el centro operativo municipal.

Las dudas surgen ahora a raíz de que a más de un año y medio de haber recibido ese dinero, aquel final último para el cual estaba destinado el dinero, lejos está de cumplirse.

Cabe mencionar que el Ejecutivo comunal decidió ahora refrendar el convenio vía Concejo Deliberante ante la necesidad de lograr la llegada de la otra mitad del dinero, para lo cual necesitaba inexorablemente de dicha herramienta.

Un dato no menor es que el Convenio suscripto en el 2009, tuvo en marzo de este año una adenda donde se modifica la finalidad del dinero y se otorga la posibilidad de 'solventar cualquier otro gasto que a juicio de la Provincia ayude a los municipios a mejorar el programa'.

De todos modos, la incógnita está planteada en torno a qué realizó el Municipio con esos $ 11 millones durante el primer año ya que la modificación recién se introdujo en el transcurso de este año.