A partir de esta propuesta, el Ejecutivo busca que al término de la actividad nocturna en bares y pubs, los jóvenes que allí concurren no se queden deambulando en las calles.

El texto de la normativa indica que el cese de actividades implica para los locales, “la no permanencia de público asistente en el interior de los mismos”.

Asimismo, designa a la subsecretaría de Control, a través de las direcciones y departamentos dependientes de la Dirección General de Inspección General, como la encargada de ser el órgano de aplicación y contralor de lo dispuesto.

Por otra parte, se especifica que ante el incumplimiento, el local será sancionado con multas de 0,30% a 0,40% de cien salarios mínimos del personal municipal y clausura de hasta 15 días.