La medida se adoptó desoyendo la propuesta del secretario adjunto de UPCP presente en el lugar, quien explicó que deberían esperar hasta el 28 de febrero para analizar medidas como fecha límite para que el gobierno concrete los pases a planta del primer tercio, según lo establece la ley 6528.

La reunión estuvo encabezada por la delegada local Susana Anich y recibió el apoyo del movimiento “17 de Julio” y el concejal radical José Osiska, además de varios médicos del nosocomio e incluso el propio director Hugo César Ferreira.

La trabajadora ofreció un crudo relato de la realidad hospitalaria denunciando falta de medicamentos, leche, sábanas, combustible para la ambulancia y medidas de higiene. Pidió también la reubicación de personal, los pases a planta prometidos, aumento de sueldo, cobro de insalubridad y otros puntos “que desnudan la precarización laboral de los agentes del centro de salud”.

Varios vecinos presentes compartieron sus dichos comentando experiencias como usuarios del hospital, quejándose de la atención insuficiente que vienen sufriendo desde hace años. “Basta de promesas, lo que tenemos acá es una crotera, nunca estuvimos tan mal” expresó una de las manifestantes muy ofuscada.

El director Hugo Ferreira se sumó a la reunión de los manifestantes, quienes aclararon que las quejas no son hacia su persona y felicitaron su labor. El profesional acompañó el reclamo remarcando: “Llama poderosamente la atención la precarización laboral que están teniendo los compañeros en todos los estamentos de la provincia; tenemos que pedir que se solucione esto ayudándolos a tocar puertas”.

Con respecto a la falta de insumos y elementos advirtió: “Dimos dos pasos para atrás, uno porque antes podíamos buscar medicamentos directamente de Resistencia y ahora por burocracia intermedia depende de la Zona Sanitaria, lo que hace que no lleguen en tiempo y forma, nuestras notas no tienen respuesta; y el otro retroceso es respecto al pago de proveedores, ya que tenemos que ir a buscar el cheque y nos cortan varios días, cuando antes teníamos una cuenta bancaria desde donde hacíamos el pago con los fondos destinados al hospital”.

En representación de UPCP, el secretario adjunto Sosa y el secretario gremial Campestrini explicaron que la ley de pase a planta está atrasada: “Le dimos un tiempo límite al Gobierno para el 28 de febrero, si en esa fecha no están firmados los decretos del primer tercio vamos a decretar un paro general, con asamblea para definir cantidad de días y modalidad, porque según la ley, para el 31 de diciembre de este año ya no debería quedar ningún compañero precarizado”.

Posteriormente respondieron a cuestiones particulares, como la situación de contratadas de Educación que fueron dadas de baja, explicando que esto se debió a un “error en la Secretaría de Gestión” pero que ya se hizo la presentación para que se solucione en los próximos días. Con respecto al derecho a huelga fueron terminantes: “Ustedes están amparados por la ley y les corresponde, no es su culpa que esté atrasada”.

Finalmente ante la consulta popular se decidió no esperar el plazo de UPCP y lanzar una medida de fuerza independiente en Quitilipi, decretándose dos días de paro sin asistencia

desde el lunes con la realización de una asamblea frente al edificio del hospital.