El apoyo político a los gremios de Córdoba será una suerte de “premio consuelo” del bloque de Unión por Córdoba, que ayer le volvió a decir “no” al pedido de los sindicatos estatales de que se derogue el ajuste previsional aprobado por Ley 10.078. La norma difiere seis meses los aumentos a los jubilados provinciales, en relación a lo percibido por los activos. Ayer, gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones, entre los que se destacaron Luz y Fuerza, Bancaria, Judiciales, Suoem, marcharon nuevamente hasta la Legislatura, para reclamar la derogación. Tras la marcha, los secretarios generales fueron recibidos por un grupo de legisladores oficialistas, entre los que se encontraba el presidente del bloque, Sergio Busso,  y la legisladora Nadia Fernández, entre otros.

En diálogo con este diario, Busso indicó que, tal como viene afirmando el gobernador José Manuel de la Sota, el Gobierno no impulsará cambios en la cuestión previsional si la Nación no asegura flujo de fondos para cubrir el gasto que implicaría pagar en tiempo y forma los aumentos a los jubilados.

“Si la Nación manda recursos, y los envía en forma sustentable, el gobernador ha dicho que de inmediato mandará un proyecto para derogar la 10.078”, señaló el legislador. “Lo que no va a hacer este gobierno es aumentar impuestos a todos los cordobeses para suprimir el diferimiento del pago”, aclaró. Según Busso, la Provincia destina “dos tasas viales” para pagar al sector pasivo. “Se están sacando de Rentas Generales, es decir fondos que podrían ir a obra pública o educación, más de 1.000 millones por año”, resaltó.

El Gobierno provincial reclama a la Nación una deuda superior a los 5 mil millones de pesos por acuerdos de financiamiento de la Caja incumplidos. 

Por su parte, la Nación exige que Córdoba adecue su sistema jubilatorio al que rige nacionalmente.

Mesa de trabajo

Sin promesas de derogación de la Ley 10.078, los gremios admitirían la posibilidad de una “flexibilización” de la misma, de modo que el diferimiento del pago a los pasivos sea inferior a los 180 días. Esa posibilidad fue deslizada días atrás por el ministro de Trabajo, Adrián Brito, tras recibir a los estatales que habían protagonizado una ruidosa marcha al Centro Cívico. Ayer, Busso dijo desconocer tal versión.

En el marco de la reunión de ayer, que se realizó en el salón de Jury de la Unicameral, legisladores y gremialistas acordaron “seguir conversando” en el marco de la comisión del Trabajo. Nadia Fernández propuso la creación de una mesa de diálogo donde estén presentes los senadores y diputados nacionales, “para abordar de manera colectiva soluciones de fondo para el problema de la Caja, reafirmando que la Nación tiene responsabilidades en la materia”.