El gobierno rionegrino comenzó con el plan de rescate de los consorcio de riesgo que administran los productores. Ya está en marcha un auxilio de 14 millones para el mantenimiento y cumplimiento del servicio frente al desfinanciamiento de esas asociaciones.

Mientras tanto, la administración provincial evalúa otras dos medidas de socorro: el traspaso a la órbita provincial de la cartera de deudas para su cobro -que superaría los 73 millones- y el envío mensual de fondos para afrontar el pago parcial de los haberes del personal, que llega al centenar de trabajadores.

Ayer, en diálogo con “Río Negro”, el titular del DPA, Fernando Curetti confirmó la transferencia de 14 millones para asistir a los consorcios para garantizar el cumplimiento del actual servicio de riego, a partir de los desfasajes ocasionados por la situación del sector y la baja de cobrabilidad, combinada con la suba de los costos. Los desembolsos públicos se realizarán en cuatro cuotas mensuales.

El funcionario firmó ayer el convenio con el consorcio del Alto Valle, que concentra a la mayoría de las asociaciones de productores de primer grado. Este acuerdo representaría unos 9 millones, en los cuatro tramos, y el Departamento Provincial de Aguas cumpliría con ese primer desembolso en los próximos días después de las acreditaciones de Economía.

Por su parte, Curetti admitió que “aún está en análisis” el mecanismo del traspaso de la cartera deudora y el acompañamiento de los gastos de personal por parte de la administración rionegrina.

La cobrabilidad

El nivel de cobrabilidad cayó y se estima que los consorcios perciben un 30% de lo facturado. Las asociaciones de productores aceptan que el Estado cobre las facturas impagas, lo cual se haría operativo con el esquema y el sistema de percepción de la Agencia Recaudatoria. En una primera evaluación, este organismo convalidó -técnicamente- esa posibilidad, pero advirtió de su complejidad por lo cual propuso que la provincia asuma la totalidad del cobro del servicio de riego. Es decir, la provincia asuma la recuperación de la cartera deudora y, también, cobre los próximos vencimientos.

Por su parte, la otra asistencia estatal estaría orientada al costo salarial, que representa un 60 a 70% de los gastos de funcionamiento del sistema de riego.

La opción del traspaso del personal se habría desestimado y en cambio el auxilio pasaría por un aporte provincial a los consorcios para cumplir con esas obligaciones salariales.

En esa línea, el DPA advierte que las transferencias serán parciales a las masas porque el desembolso estatal debe tener su referencia con los valores remunerativos del personal estatal (ARSE), que están en 40% a 50% inferior a los haberes abonados por los consorcios.

Los datos30%De la facturación es el promedio de cobranza entre todos los consorcios de la provincia.60/70%Representan los salarios de los empleados en los gastos de funcionamiento de las organizaciones de chacareros.