El informe único que emitió la semana pasada la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM) para el Proyecto Minero San Jorge es, para aquellos que defienden el medio ambiente, una estrategia política. Si bien establece una serie de recomendaciones para que se ejecute, los organismos preparan nuevas movilizaciones para defender su postura.

En Uspallata, aun cuando hay disidencia entre los pobladores, las cuales se expresaron durante la audiencia pública, la evaluación del proyecto continúa en marcha y ahora se espera el Dictamen de Impacto Ambiental (DIA), el cual tiene que realizar la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental. Un sector de los habitantes de la localidad de Las Heras quieren que se establezca la actividad minera, porque traerá progreso, es decir, más trabajo.

Como lo afirmó Susana Guzmán, docente de primaria y miembro del Proyecto Uspallata 2030, una ONG que quiere que se realice la actividad minera, porque afirman que traerá desarrollo y progreso al valle. Ella hace 30 años que vive en Uspallata y asegura que hay mucha pobreza en varios barrios.

“No hay trabajo, queremos desarrollo, muchas personas no tienen cloacas”, contó Guzmán. Por otro lado, varios grupos, como los autoconvocados en defensa del medio ambiente y en contra de la minería contaminante, afirman que la CEIAM fue para justificar y avalar el proyecto. Alder Corsanigo, vecino de la zona, comentó que el Ejecutivo utilizó la comisión evaluadora para ordenar el proyecto y que los condicionamientos que se le ponen a la empresa son aceptados. “Para nosotros no hubo consenso científico, hubo irregularidades que nosotros objetamos, porque la CEIAM es una forma política para que parezca un proyecto viable, pero no lo es.

El proyecto no tiene la licencia social, por eso le decimos no, porque esto es la punta de la lanza”, explicó Corsanigo. Por su parte, Agustín Soler, también vecino del lugar, manifestó que en caso de aprobarse el proyecto minero que pretende extraer oro y cobre, no cree en los controles que se harán para que la empresa cumpla con las exigencias legales. “Sabemos que van a estropear los recursos naturales que tenemos, como el agua. Los van a contaminar”, contó Soler.

Otra medida ante la Justicia

Los organismos que están en contra de la actividad minera porque aseguran que contaminará el medio ambiente han recurrido a la Justicia de diferentes maneras. A la presentación de la red ambientalista Oikos, en la que dos científicos aseguraban que no habían sido ellos quienes firmaron los documentos que aparecen en el informe de impacto ambiental de la empresa, se suma otro amparo. En esta oportunidad es contra Proyecto San Jorge de parte de la Inspección de Cauce de Arroyo Uspallata y San Alberto (río Mendoza). El recurso legal busca evitar que avance la evaluación de impacto ambiental y el otorgamiento de autorizaciones de uso de agua hasta tanto se realicen los estudios hidrológicos. Además, se plantea una medida de no innovar, cautelar, teniendo en cuenta que se emitirá el DIA en poco tiempo. El amparo está en el Tribunal de Gestión Judicial Asociada Nº1, Primera Circunscripción Judicial.