Uno de los temas analizados en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante del pasado jueves, fue el relacionado con la preocupación de los dirigentes de la Cámara de Comercio ante la posibilidad de que sigan radicándose grandes cadenas de supermercados, ya sean estos minoristas como mayoristas, para lo cual se reunieron con el intendente Ricardo Moccero y los ediles, disponiendo el Jefe comunal la suspensión de habilitaciones de grandes comercios por ciento ochenta días.

Los concejales respaldaron la decisión, pero cuestionaron el hecho de que sólo sea para autoservicios o supermercados de hasta 500 metros cuadrados, cuando se manifestó en el recinto que existen en el mercado inmobiliario consultas por galpones o predios de mil y mil doscientos metros cuadrados, para este tipo de emprendimientos, para lo cual el decreto en cuestión de nada sirve.

No obstante, fue avalado el decreto, procurándose con el mismo evitar que el dinero de los vecinos de Coronel Suárez se vaya del distrito, lo que todos quieren, tanto el Ejecutivo municipal como los concejales, es que el dinero fruto de la compra de los suarenses se reinvierta en Coronel Suárez.

La sesión comenzó con este tema y se pusieron en tratamiento tres expedientes, la nota con la preocupación de la Cámara de Comercio, el decreto del Ejecutivo municipal y un proyecto de ordenanza, presentado por la Unión Cívica Radical, en donde los ediles tomaron la sugerencia de los dirigentes en relación a que deberían tener ingerencia en la habilitación o no de nuevos comercios. Esta decisión de la Cámara de Comercio fue muy bien tomada por la oposición, a tal punto que solicitó el tratamiento del proyecto sobre tablas y luego lo aprobó con 8 votos positivos. El oficialismo sólo tuvo 7 votos, ante la ausencia de Rosana Ordoñez, quien se encontraba ausente por estar disfrutando de un viaje de placer. Los mocceristas quisieron remitir el proyecto a la Comisión de Interpretación y Reglamento, para que se estudiara más a fondo el tema, ya que creían que con esta descentralización el Ejecutivo municipal estaba delegando una facultad propia, lo cual no es tan así, ya que en la institución que agrupa a los comerciantes sólo recibirán los trámites para que se cumplan todos los requisitos que una habilitación municipal requiere, evitándose así que haya preferencias para los amigos del poder.

Guillermo Recalde fue el concejal radical que presentó la iniciativa y al fundamentarla dijo que “es una cuestión acordada con la Cámara de Comercio, ya que lo que pretenden es tener una estadística y un ordenamiento certero de la habilitación de los comercios en el distrito, sólo faltan pulir cuestiones administrativas porque incluso ya fue avalado en forma verbal por el Intendente”.

Indicó además que “no existe ningún impedimento desde lo legal… se trata solo de una ‘ventanilla’ por donde deberá pasar el novel comerciante” y señaló que “ahora resta redactar el convenio que deberá firmar la Cámara de Comercio y el Ejecutivo municipal, en donde se establecerán los alcances de la descentralización y las atribuciones que habrá de reservarse el sector público”.

Al ampliar el concepto, Recalde dijo que “se procura tener en la Cámara elementos para establecer una estadística de la habilitación que se gestionan, el metraje de cada uno y los rubros, entre otras cuestiones”, añadiendo que “en las reuniones que hemos mantenido (también el dirigente de la Cámara de Comercio) el Intendente nos dio su conformidad para hacer el trámite de inicio en la institución”.

La negativa oficial

La presidenta del bloque oficialista, Ana Lía Pogost, afirmó que “este punto de la ventanilla para habilitaciones de nuevos comercios no se trató en la reunión, por lo tanto vamos a solicitar que pase a comisión para su estudio”, momento en el cual interrumpió Guillermo Recalde y señaló que si bien no había sido tratada en la última reunión, es algo que ya se había acordado en otros encuentros.

Nada más opinó Pogost y fue así que la Presidencia le otorgó el uso de la palabra al justicialista Hugo Bilbao, quien en primer lugar aborda la cuestión relacionada con la habilitación de nuevos supermercados, indicando que “los comerciantes plantean la existencia de competencia desleal, que traería inconvenientes a los comerciantes por la salida del dinero del distrito”, planteando en este instante que no fue invitado por el Ejecutivo municipal a la reunión con los dirigentes de la Cámara de Comercio, la cual fue promocionada como para presidentes de bloque.

Expresó Bilbao que “las notas de la Cámara son interesantes en sí mismas, porque además de manifestar preocupación por temas sectoriales, avanza sobre otros que atañen a la sociedad en su conjunto, como las adicciones y el aumento de la venta de alcohol a los menores y la utilización para facilitar la comercialización de servicios tipo ‘delivery’, pero además también avanza sobre los problemas de tránsito que existen en la ciudad y la proliferación de automóviles sin el patentamiento actualizado”.

Amplió Bilbao expresando que “de la nota de la Cámara se desprende que le exigen al poder político un plan de desarrollo, analizando qué tenemos como distrito y hacia donde vamos. Hablan de la clandestinidad en la que se manejan ciertos comercios, lo cual genera desigualdad a la hora de vender”, razón por la cual el edil justicialista se impuso como una necesidad el hecho de “analizar las ordenanzas para proteger y ordenar la industria y el comercio de Coronel Suárez”.

En relación al decreto del Ejecutivo municipal que pospone por 180 días la habilitación de comercios entre 150 y 500 metros cuadrados, Bilbao dijo que “esto no subsana el disparador que generó este tema, porque andan operadores buscando galpones de 1000 y 1200 metros cuadrados, lo cual el decreto no lo abarca”, ´para señalar por último que “este bloque estaría para votar sobre tabla la ordenanza que propone descentralizar la habilitación de nuevos comercios, lo que se ha denominado en este recinto como ‘ventanilla única’.

“Está bien que la Cámara pueda visualizar las nuevas habilitaciones y por qué no revisar las ya existentes”, expresó Bilbao, quien a modo de reflexión dijo que “debemos como legisladores velar por estas cuestiones, porque si los comerciantes y los consumidores están bien significa que al distrito le va bien, por eso debemos encontrar un marco regulatorio y esto se logra cuando no existen cuestiones vinculadas a los monopolios”.

Indicó además que “es nuestra intención defender a aquellos que reinvierten sus ganancias en el distrito y que no vaya en contra de los beneficios de los consumidores; es decir, que no se vulneren los derechos de los usuarios y de los trabajadores de comercio”.

Otras opiniones

El radical Guillermo Sol dijo que “el que estamos tratando es un tema histórico, tenemos que plantearnos como objetivo la protección de los capitales invertidos en el distrito, preservando la mano de obra existente, aún cuando se incentive la creación de nuevos puestos de trabajo”.

A modo de esclarecimiento, Sol dijo que “existe una ley provincial, la número 12.573, que genera la normativa de las grandes cadenas de supermercado, la cual pone pautas según la cantidad de habitantes que tenga el distrito y que es lo que vuelca en el decreto el Intendente”, pero manifiesta que “la ordenanza 3.764, sancionada en el año 2002, cuando se suscitó una problemática similar y que generó el reclamo de los comerciantes, que dice que a partir de la sanción de la norma no se podrán habilitar comercios que excedan los 300 metros cuadrados…, no incluyendo futuras ampliaciones”.

Por último, Sol dijo que “esta es una ordenanza que fue aprobada por unanimidad y que no se ha cumplido en estos 8 años. El Ejecutivo habilitó comercios que excede los 300 metros cuadrados y más aún, son todos comercios de bienes de naturaleza distinta, en muchos de ellos se venden alimentos y también artículos del hogar y hasta pintura” y cerró expresando que “tenemos una amplia gama de comercios habilitados que no dan cumplimiento a la norma”.

Por su parte, Héctor Dalmau, en relación a la ‘ventanilla única’ para nuevas habilitaciones, dijo que “es más profundo de lo que uno piensa, ya que le permitirá tener al organismo disponer de datos interesantes, que será material para asesorar a futuros inversores con respecto a la creación de una empresa”.

Al avanzar, Dalmau hizo referencia nuevamente a la existencia de proveedores virtuales en la comuna suarense, sobre lo cual dijo que “de ponerse en marcha esta iniciativa, se podrían advertir estas cuestiones”, refiriendo que han sido múltiples las advertencias sobre la existencia de amigos del poder haciendo negocios a través de la comuna, pero “los pedidos no prosperan porque perdemos ante la mayoría del oficialismo”, dijo Dalmau.

Finalmente, dijo que “la ‘ventanilla única’ operará como un doble comando, asesorará a los inversores y oficiará como un instrumento de control, para que desaparezcan los proveedores virtuales, los cuales procura la sobrefacturación a través de comercios que se arman para favorecer a los amigos, muchos de los cuales son empleados municipales”.

Néstor Osorio insistió con la necesidad de un mayor estudio en la Comisión, indicando que “estamos haciendo una descentralización de un derecho del municipio, se van a fijar excepciones y se debe instrumentar un convenio, nadie está en contra, solo pedimos el paso a comisión para un análisis más profundo”.

A lo que Bilbao, antes de pedir la votación, dijo que “conocemos el cuentito de ‘estamos a favor, lo pasamos a comisión y después lo aprobamos’, sabemos que no es cierto y hay ejemplos a la vista”.

La nota de la Cámara de Comercio y el decreto firmado por Ricardo Moccero fueron aprobados por unanimidad, mientras que el proyecto de ordenanza del radicalismo creando la ‘ventanilla única’ en la Cámara de Comercio para futuras habilitaciones comerciales, quedó aprobada con los 8 votos de los boques de la UCR, PJ disidente y el de Unión Pro, representado por Guillermo Carlos Urruty.

Exigen un sumario administrativo

Nadie sabía la razón por la cual el concejal radical Guillermo Sol se reservó la posibilidad de hablar en un punto relacionado con la autorización para otorgar una habilitación de radio taxi, incluso había otras habilitaciones pero habían sido aprobadas en la reunión de labor parlamentaria.

Entonces, se le prestó al punto especial atención. Sol fue analizando la cuestión y en cierto momento se quejó de la carencia de información con respecto al servicio de transporte de pasajeros en la ciudad, más específicamente al de taxis y remises. Dejó en claro que en infinidad de oportunidades se le solicitó al Ejecutivo que hiciera un censo, que se establecieran cuáles eran las licencias que no estaban siendo utilizadas (porque el titular ya no trabaja o falleció, por ejemplo), que se controlaran las tarifas y sobre esto en particular dijo que “las empresas cobran lo que quieren”.

Y continuó expresándose, dejando en claro que no es sobre lo único que no informa el Ejecutivo, “nos ignora como Cuerpo, no cumplimentan ningún informe que se aprueba incluso por unanimidad; es decir, tampoco le responde a su propio bloque”, dijo Guillermo Sol.

Después, refrescó la memoria de los oficialistas en el sentido que existe una ordenanza que determina que los funcionarios tienen no más de 30 días para responder un pedido de informe y que si no lo hace se lo considera una ‘falta grave’, pudiéndosele iniciar un sumario administrativo, con la consiguiente pena que se le pudiera impedir.

Por lo tanto, Gui-llermo Sol reiteró el pedido de información sobre el servicio de taxis y remises, indicando que si no es suministrada a la brevedad se inicie un sumario administrativo, pudiendo recaer la ‘falta grave’ en el propio Ricardo Moccero, el intendente municipal, quien tiene cinco días hábiles para responder la minuta de comunicación. Los días comienzan a correr desde el preciso momento que el Concejo Deliberante hace traslado de la cuestión, que se haría en la mañana de hoy.

Más información en nuestra próxima edición.

Cloacas en Huanguelén: No habrá devolución del dinero

El moccerismo no ratificó la ordenanza que implicaba un acto de justicia para con aquellos vecinos de la localidad de Huanguelén que pagaron parcial o totalmente la obra de cloacas; por lo tanto, los condenó a que sean para siempre los contribuyentes que por cumplir perdieron... impuso el oficialismo que ‘el que paga pierde’, razón por la cual muchos frentistas ahora van a esperar antes de pagar, por si acaso a la Provincia, a través de sus legisladores, se le ocurre nuevamente condonar las deudas que haya asumido el municipio con el Gobierno bonaerense.

No habría más nada que decir. Ahora sí se puede afirmar que en virtud de un profundo desconocimiento de la legalidad por parte del oficialismo, incluyendo en la reflexión incluso al propio Departamento Ejecutivo, existen en Huanguelén ciudadanos de tercera, que son aquellos que habiendo pagado fueron los únicos que perdieron. ¿Por qué no de segunda?, simplemente porque ya lo son frente al abandono a su suerte que siempre los condenó el intendente Ricardo Moccero.

Guillermo Sol planteó la reserva de accionar judicialmente, mientras que el justicialista Hugo Bilbao desnudó el informe del Tribunal de Cuentas y el consiguiente decreto del Ejecutivo municipal, que no está firmado por el secretario de Gobierno, Ernesto Palenzona, por los graves errores que contiene, incluso errores de concepto, según el concejal del PJ disidente.

En nuestra próxima edición, se publicará la crónica de este debate, que derivó en una votación favorable para la oposición de 9 a 7, pero como para ratificar la ordenanza se necesitaban los dos tercios de los concejales presentes quedó sin efecto, tal como lo quería el moccerismo.