Frente a los jueces del Tribunal Oral Federal, a casi dos semanas del día en que se conocerá el veredicto, el imputado Roberto “El Tuerto” Albornoz intentó ayer en todo momento desvincularse de los operativos de secuestros y torturas por los que está acusado y podría ser condenado a prisión perpetua, pero admitió que existió un centro de detención en la ex Jefatura de Policía y que en la llamada Comunidad Informativa se analizaban las informaciones de las víctimas y luego se emitían las órdenes de Disposición Final (DF), Libertad y Continuar con la investigación. Luego, -dijo- esas órdenes se ejecutaban en la ex Jefatura de Policía y sólo a los DF se los cargaba en un vehículo y se los llevaba presuntamente al ex Arsenal. “Yo veía, estaba ahí (cuando se llevaban a las víctimas)”, se limitó a decir.

Durante dos horas, que fueron interrumpidas por un pico de presión que lo mantuvo bajo control de un médico del Siprosa, Albornoz se dedicó a culpar a los testigos Juan Carlos “El Perro” Clemente y Juan Martín Martín de haber participado activamente como entregadores de los procedimientos de detención, junto al supervisor militar Félix González Nayar, quien –según él- era el responsable de todo lo que sucedía en la ex Jefatura. “González Nayar tomaba las medidas con la información que le daban Clemente y su socio de la organización Montoneros, conocido como Juan Martín Martín, pero más conocido como el teniente Martín. Le llamaban “las perlitas””, disparó Albornoz.

“El único responsable de lo que hizo Clemente es González Nayar, con el agregado de otro supervisor (Mario) Dursi. Es necesario que estén en este recinto. Tengo casi la certeza que González Nayar deambula por algún lugar de Buenos Aires”, lanzó Albornoz y los calificó de “cabrones” por no dar la cara.

Admitió que en esa época se realizaban reuniones de la Comunidad Informativa, liderada por el fallecido imputado Alberto Cattáneo. Recordó que estaba integrada por el Jefe de Policía, supervisores militares, Policía Federal, Gendarmería, entre otros, y que allí se decidían tres tipos de órdenes con respecto a los detenidos: Disposición Final (DF), libertad o continuar con la investigación. “Esa orden volvía a manos del supervisor militar (González Nayar), no a manos de Albornoz”, aclaró.“Es cierto -agregó- que se llevaban personas a Jefatura de Policía, que eran entregadas. Algunas estaban registradas por orden del supervisor militar , sin duda con conocimiento de los superiores inmediatos".

Albornoz se defendió y aseguró que no participó de los secuestros ni de los interrogatorios, pese a que varios testigos lo señalaron como jefe de la “patota” del Servicio de Inteligencia Confidencial que funcionó en la ex Jefatura de Policía. “No cometí ningún delito aberrante. No salía a hacer procedimientos, no impartía órdenes, no ejecutaba, no estaba en la represión, no tenía la capacidad porque no estaba instruido para eso. Tampoco participaba de los interrogatorios, eso estaba a cargo de un grupo especial de interrogadores que venían de Buenos Aires o de Córdoba, que era asistido por González Nayar y la participación de los dos entregadores”, insistió en varias oportunidades durante su relato.

“No sé donde se hacían las torturas y no sé si hubo necesidad de aplicar las máquinas porque con la información que daban Clemente y Juan Martín Martín era suficiente”, dijo cuando todos los testigos sobrevivientes que pasaron por el juicio oral y público aseguraron que fueron torturados.

“De manera ficticia figuraba como jefe del SIC. Eso fue una maniobra, cuando me tenían marginado. El que ejecutaba las órdenes era González Nayar”, dijo al sostener que él sólo fue un “chivo expiatorio”. Sin embargo, aseguró que su tarea era el control de la seguridad interna en el pabellón y en los calabozos donde estaban arrojados los detenidos. “Tenía que controlar la seguridad de que no se produzca un hecho de sorpresa”, respondió ante la pregunta del presidente del TOF, Carlos Jiménez Montilla. Pese a su “misión”, Albornoz dijo después que no recordaba a ninguno de los 293 detenidos en la ex Jefatura, porque no lo dejaban ingresar "mucho" por el lugar de detenciones.

También negó haber sido jefe del D2, cuando el fiscal federal Alfredo Terraf se refirió a documentación en la que figura que ocupó tanto ese cargo como jefe del SIC. “Me da la impresión que esos sellos los colocaron después de mi firma”, dijo provocando la reacción de familiares de desaparecidos.

También dijo que no recordaba si estaba a cargo de la Brigada de Investigaciones, días después del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Cuando se retiró de la sala de audiencias, fue abucheado por el público. Algunos le gritaron “asesino”.