“Quiero aclarar que ayer los que dejaron sin quórum la sesión y no se trató el tema es el bloque del PJ. Están sobreactuando una situación que ni siquiera llegó a debatirse en el recinto y que hubiera estado muy bueno debatir, porque comparto casi en un 80 por ciento la posición de Carlos Martínez respecto del planteo constitucional”, dijo en declaraciones a radio General Güemes.

“Quiero hablar a título personal, no sé cómo va a ser el debate y cómo lo va a tratar el bloque a este tema más adelante, pero la Constitución es muy clara, dice que no pueden ser adjudicatarios directos o indirectos las sociedades mercantiles, cualquiera sea su forma o naturaleza y las instituciones de carácter religioso y militar y en el caso de que lo sean tiene que ser a través de una norma que se apruebe por dos tercios del total de los miembros”, manifestó.

“Además, el presente régimen legal para que los dos tercios autoricen esta adjudicación dice que la ley creará y reglamentará el organismo encargado de la adjudicación de la tierra a la que se refiere este artículo, el que estará integrado por representantes del Legislativo, del Ejecutivo, productores y entidades cooperativas. Este organismo en el proyecto de ley que mandó el Gobernador no existe. Entonces no pueden inventar ellos, hay que crearlo por ley”, señaló.

“Cuando dicen que la Alianza no quiere crear puestos de trabajo y todo lo demás, yo digo que sobreactúan por una cuestión muy simple, tratan de acelerar algunos temas que no tienen el debido debate. Pasó lo mismo con el acueducto, la ley que mandó el Gobernador respecto al endeudamiento del acueducto, que se la aprobamos, estaba mal hecha, tuvo que mandar una nueva ley a nueve meses, que se aprobó hace tres semanas, por la cual tuvo que facultar a retener los fondos coparticipables para garantizar el crédito. Entonces estamos viendo una ley que viene mal, tal como la manda el Ejecutivo, que podíamos haberla discutido, haber cambiado artículos si ellos no se levantaban de la sesión de ayer como lo hicieron, dejando sin quórum, quedaron los bloques unipersonales y la Alianza ayer sentados en las bancas, ni siquiera se iba a tratar ese tema”, dijo.

“Hablan de 400 hectáreas, son 4 millones y medio de metros cuadrado. Para poner las planta de incubación y todo lo demás necesitan 30 mil metros cuadrados. Sólo el 1 por ciento de la superficie que está pretendiendo esta empresa va a tener una edificación respecto a los criaderos y respecto a estas cuestiones. Otro punto a discutir: no se detalla qué tipo de construcción se va a hacer. No se dice dónde está el campo fiscal. No se puede criar pollos si no hay electricidad, no puede criar pollos si no tiene agua sana, una de las principales complicaciones que tiene la crianza avícola es la cuestión del agua y si dice que no sabemos ni dónde está el campo, si va a tener agua, no va tener agua, está totalmente sobredimensionado. La superficie solicitada es de 400 hectáreas, con dos hectáreas alcanza para la planta de incubación y con dos hectáreas alcanza para la planta de balanceado, porque la comida de los pollos la van a producir otra gente dentro del sistema productivo”, manifestó.

“El plazo de ejecución de la obra de dos años, la utilidad del 3,8 por ciento, los intereses, que supuestamente de los 70 millones que les va a dar el Gobierno del Chaco los intereses son más altos del 3,8 por ciento”, señaló.

“Dar estas facultades a una empresa que es superavitaria, que no sabemos quiénes son los dueños, entiendo que atento a la cantidad de dinero que tiene esta sociedad para comprar en el ámbito privado, prefiero autorizar al Gobernador un crédito para que esta gente compre los campos o aún expropiar algo que violar el artículo 43 de la Constitución”, dijo.

“Yo fui a ver los antecedentes respecto de la legislación de este artículo por la Convención Constituyente, el escribano Pedrini cuando fue constituyente dice que se prevé entregar la tierra social en menor escala para los casos de radicación de industrias y dice que solamente este anteproyecto de ellos cuando tenían el despacho del bloque del PJ, que para poder entregar pequeñas porciones de terrenos fiscales, lo que tendría que hacer era sobre todo un representante de la zona donde se va a entregar, que sea el intendente parte de la comisión de evaluación para que vea si se va a entregar, entonces, veamos cuál es la protección que otorga y desde este punto de vista comparto en un 80 por ciento el planteo del diputado Martínez en el sentido de que me parece improcedente violar la Constitución Provincial cuando hay otros medios desde el punto de vista económico que posee esta empresa porque le sobra dinero y desde el punto de vista legislativo, porque podríamos hacer una expropiación de algún terreno”, expresó.

“Está totalmente sobredimensionada la cantidad de inmueble que están solicitando para este proyecto. La empresa quiere tener la titularidad de la tierra para sacar préstamos, quiere endeudarse con los inmuebles chaqueños a los efectos de sacar crédito y ampliar su producción. Si se la damos en comodato, ellos no son titulares de la tierra y no la pueden ofrecer a entidades financieras a los efectos de endeudarse, sacar préstamo, seguir trabajando y ampliar la producción”, manifestó.

“Cuando estuve analizando, entré al Boletín Oficial y la empresa ni siquiera se llama así como dice el anteproyecto de Ley y la carta de intención del Gobernador. En julio del 2011 la empresa modificó su estatuto social, artículos 3, 4 y 5, tiene un nombre que se llama Tres Arroyos Financiera, Comercial, Agropecuaria, Agroindustrial, es decir, la carta de intención del Gobernador es de mayo, después de la carta de intención modificaron el estatuto social y hasta cambiaron el nombre de la empresa. Así tal cual estaba el proyecto ayer, así que tampoco iba a tener validez, porque estaba mal el nombre”, advirtió.