A una semana de haber asumido como nuevo jefe del Ministerio Público, el procurador Alejandro Gullé se ha encontrado con un panorama desolador en las fiscalías: falta de presupuesto, de personal, de espacios dignos para prestar el servicio y hasta déficit de mobiliario adecuado que pone en serio riesgo los profundos cambios que quiere implementar. 

Sin vueltas, Gullé culpó a la discrecionalidad de la Suprema Corte de Justicia a la hora de repartir los fondos del presupuesto del Poder Judicial, que legalmente el máximo tribunal tiene por deber administrar. 

La Corte se encarga de todos los jueces y el procurador de los fiscales y defensores oficiales, pero hasta ahora los fondos para ambos sectores siempre los manejó la Suprema Corte. Y allí radica el conflicto. 

El nuevo procurador cuestionó a los supremos, el criterio para priorizar necesidades y urgencias con una vara distinta si se trataba de los juzgados o de las fiscalías. 

Eso explica en gran parte, la iniciativa del Gobierno provincial, apoyada por el propio Gullé y presentada por el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, de impulsar una ley que se discute en la Legislatura para darle presupuesto propio a todo el cuerpo de fiscales, es decir al Ministerio Público, y que no dependa más de la Corte. 

En diálogo con Diario UNO, el nuevo procurador fue contundente en el diagnóstico: "Me encontré con un Ministerio Público económicamente abandonado". 

Primero salvó a su antecesor, Rodolfo González, sobre quien opinó que terminó siendo una víctima del poder de la Corte: "Encontré todo muy ordenado y controlado porque Rodolfo González era muy prolijo y obsesivo con el trabajo".

No obstante, aclaró: "Pero tenemos un presupuesto muy corto, un déficit de espacios y de infraestructura edilicia importantísima que me preocupa mucho y me va a complicar para hacer los cambios que quiero con las nuevas unidades fiscales especializadas por delito".

Recalcó que sabe que no hay plata y que está en la tarea de optimizar todo. "Estoy trabajando para que haya mayor eficiencia, mayor eficacia y redistribución del personal", dijo.

Pero rápidamente sacó datos para fundamentar el actual estado que heredó y graficó: "En el Gran Mendoza y Lavalle (1ª Circunscripción judicial) la Corte ( las cámaras y juzgados dependen de ella) ocupa el 80,8% de los espacios edilicios disponibles cuando tienen el 65,5% del personal total".

"A nosotros –continuó– nos queda apenas el 19,2% de esos espacios donde trabaja al 34,4% restante, que es el recurso humano del Ministerio Público". 

Al espacio se suma la falta de personal, tema que Gullé especialmente resaltó al decir que "las fiscalías no incorporan nuevos trabajadores desde el 2008, salvo los que ingresaron para ocupar vacantes que quedaban libres. Pero hace 8 años que no se crean nuevos cargos y la demanda de justicia ha crecido mucho".