«Nosotros vamos a apostar a la coherencia de nuestras decisiones, tal como lo hemos hecho en oportunidades anteriores. No se puede andar eligiendo el escenario político o judicial según le convenga a cada uno», dijo ayer el senador Marcelo Guinle.
Según recordó Guinle, la ley que reglamenta el uso de los decretos de necesidad y urgencia estaba en mora desde la reforma constitucional de 1994. Recién en el 2006, a instancias de un proyecto impulsado por el oficialismo, se sancionó la ley 26.122, que permite que hoy el Congreso discuta cada DNU que dicta el Poder Ejecutivo.
«Creo que éste es el mejor marco para discutir cuestiones políticas, más allá del tinte jurídico que algunos quieran darle», señaló Guinle.
«Hay que privilegiar los intereses del país y sus habitantes. Estos son los conflictos en los que advertíamos que no se debía ingresar cuando hablábamos de mantener la gobernabilidad en defensa de los intereses del país y la provincia», concluyó.


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