El senador nacional Marcelo Guinle impulsa, a través de un nuevo proyecto de ley, la incorporación de los docentes privados al régimen general de asignaciones familiares a los efectos de igualarlos al resto de los trabajadores.

En la actualidad, el Estatuto del Docente Privado deja en manos del Consejo Gremial de Enseñanza Privada la regulación de las asignaciones familiares, por fuera del esquema general contemplado en la Ley 24.714. Esta situación determina en los hechos que dichos docentes tengan un sistema parecido al general, pero con distintos topes y cuantía de los montos que perciben, siempre menores a los trabajadores en general.

“Es evidente que las regulaciones sobre asignaciones familiares del Consejo Gremial de Enseñanza Privada (CGEP) son inconstitucionales, porque sólo compete al Congreso de la Nación legislar en materia de asignaciones familiares. Es tan ostensible el perjuicio, que de la simple comparación entre los valores del sistema legal general con el dispuesto por el Consejo, queda demostrado el perjuicio para los trabajadores del sector”, señaló el legislador por Chubut.

La iniciativa de Guinle recuerda que en 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido sobre la cuestión, en un reclamo iniciado por el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), donde se señaló la inconstitucionalidad del actual régimen.

“En este sentido, es absolutamente necesario que en el derecho positivo nacional tenga plena aplicación la universalidad de los derechos del trabajador, y para así hacerlo es imperioso llenar los vacíos en la materia que provienen de otro contexto histórico y social, como es en este caso”, remarcó el senador, quien a su vez , cabe recordar, es impulsor de otro proyecto de Ley que busca el establecimiento de un mecanismo de actualización periódico de las asignaciones familiares así como de los topes máximos para su percepción por parte de los trabajadores.

Dicho proyecto lleva el actual tope de 4.800 a 8.994,95 pesos y prevé que el mismo se actualice, al igual que las asignaciones, a través del índice utilizado para la movilidad de las jubilaciones y no como en la actualidad que la actualización depende de la voluntad del Poder Ejecutivo.