Fue el bloque del oficialismo el que permitió que el Jefe comunal determine a quiénes pueden pedir una opinión los concejales y a quiénes no.
En la sesión ordinaria del jueves de la semana pasada, fue debatido el veto que el Ejecutivo municipal impuso a la ordenanza que obligaba a los miembros de la Comisión de Obras Públicas a solicitar un informe a los colegios de profesionales cuando el proyecto implicara algún tipo de modificación del uso del suelo, pero con la obligación de que debía ser entregado dentro de los quince días posteriores de realizado el requerimiento, para así evitar cualquier tipo de postergación burocrática.
Este asesoramiento obligatorio no fue del agrado del oficialismo, por tal razón el Ejecutivo, abusando de su derecho al veto, no permitió que se modificara el reglamento interno del Concejo Deliberante, considerado esto como una incumbencia desmesurada del Jefe comunal, actitud que según el edil radical Guillermo Sol realmente avergüenza a la historia del Cuerpo.
El debate de este punto comenzó con una rispidez entre el presidente del Concejo Deliberante, Roberto Palacio y el edil Hugo Bilbao, ya que éste advirtió un gesto del primero desautorizando a su bloque a tomar la iniciativa y fundamentar el veto, lo cual obligó a que fuera la oposición la que tomara la posta y provocara las explicaciones del oficialismo, las cuales fueron más que endebles.
Después que Bilbao dijera que Palacio parecía más el presidente del bloque moccerista que el titular del Cuerpo en su conjunto, muy enojado, dijo que “es la segunda vez que le tengo que llamar la atención y creo que estas actitudes, en absoluto hacen que este realmente sea un ámbito donde se puedan debatir ideas y a través de consensos y disensos llegar a una votación que es absolutamente democrática”.
Cedida la palabra a Bilbao, éste dijo que “expresé que parecía más presidente de bloque que del Concejo Deliberante porque estaba haciendo señas a uno de los integrantes del oficialismo, en función que quería hablar y en virtud de que no correspondía a la estrategia que se había decidido, no le cedió la palabra… lo cual me parece una clara actitud de un conductor de bloque específico y no de un representante de todo el Cuerpo y lo sigo sosteniendo”, agregando que “en segundo lugar le pido que no me señale con el dedo porque eso sí es una falta de educación”.
Siguiendo con su línea Bilbao señaló que “tengo una visión distinta de lo que es o no una falta de respeto, para mi es irrespetuoso que el oficialismo quiera votar sin estudiar una ordenanza que tiene como objetivo transformar un predio que costaba 300 mil dólares pero después de su urbanización costará 10 o 12 millones de dólares, sin contar el proyecto con planos ni informes esenciales, menos aún los correspondientes estudios de impacto ambiental, económico y social, entre otras irregularidades. Este es faltarle el respeto a la ciudadanía que los votó”.
En relación al veto en discusión, dijo que “me parece absolutamente inadecuado, ya que se manifiesta (el Intendente) en querer que trabajemos todos juntos por un Coronel Suárez grande, pero cada vez que tenemos una idea distinta a la de él hace uso del veto”.
Agregó que “el proyecto de ordenanza que redacte, cumple una función esencial en el proceso de la determinación del uso del suelo en el distrito de Coronel Suárez y sólo es necesario un ejemplo, como lo es el informe del Colegio de Arquitectos local que da detalles de los errores en los que se incurrió al presentar el proyecto, pero además pone de relieve el costo que iba a suponer de haberse aprobado”.
“Es una lástima que se consulten al Ejecutivo temas que tienen que ver con la vida y la incumbencia del Concejo Deliberante”. Héctor Dalmau
“La especificidad al momento de tomar decisiones es fundamental”, dijo Bilbao, quien añadió que “para proyectar adecuadamente una determinada localidad hay que considerar una innumerable cantidad de variables, que van desde la historia hacia el futuro”.
Sostuvo que “existen en la sociedad de Coronel Suárez una gran cantidad de profesionales con sólidos conocimientos en la materia, como quedó evidenciado en el informe que el Colegio de Arquitectos nos ha enviado”, destacando que “del articulado se desprende que es una modificación a la forma de actuar de una de las tantas comisiones que tiene el Concejo Deliberante”.
“Y lo especificamos en un artículo, que dice: ‘Cuando la Comisión de Obras Públicas tenga que dictaminar sobre cuestiones relacionadas con el uso del suelo deberá obligatoriamente consultar en forma previa a las instituciones que agrupan a los ingenieros, arquitectos, agrimensor y maestros mayores de obras; la opinión de los mismos será de tipo consultivo y no vinculante’; es decir, nadie nos obliga a hacer lo que los colegios nos indicasen, porque en realidad está claro que la facultad es de este Concejo Deliberante, la decisión es de este Cuerpo, tal como lo establecen las leyes y la Constitución de esta Provincia; es decir, enriquecemos la opinión con la consulta”, enfatizó el edil Hugo Bilbao, quien agregó que “para evitar la cuestión burocrática, para emitir el informe tendrán 15 días corridos y el silencio de los colegios libera a la comisión de la obligación de dicha consulta. Es decir, en el mayor de los casos puede significar un retraso de quince días”.
Más detalles
Bilbao añadió que “acá está el primer error, porque a fojas tres tenemos un dictamen de minoría, que en el seno del recinto termina imponiéndose por la mayoría que ostenta el oficialismo, con la firma de Osorio y Brito, enviando al Ejecutivo en consulta el proyecto. Y recuerdo, que en ese momento dije que no estamos defendiendo los legítimos intereses del Concejo Deliberante y si estamos vulnerando decisiones, facultades y derechos que le son propias, ya que la principal función que tenemos los concejales es la de controlar al Ejecutivo municipal”.
Para clarificar el concepto, el edil justicialista dijo que “el reglamento interno es un pacto entre los concejales a efectos de establecer qué hace cada una de las partes en el marco de las leyes que regulan nuestro ejercicio. Y naturalmente que tenemos que ‘armarnos’ para muchas cosas, entre otras ‘armarnos’ para controlar al Intendente y permitir que éste o alguno de sus funcionarios puedan opinar sobre nuestro reglamento interno significa ir a comprar con ‘el libro del buen comprador escrito por el almacenero’. Primer error grave… gravísimo”.
Sostiene, en su argumento, que “opina el asesor letrado que la reforma al reglamento interno del Concejo Deliberante es de competencia y facultad exclusiva del Cuerpo y me encantó la frase, me hizo pensar que Carlos Gañan opinaba igual que nosotros”.
“Pero luego comienza a opinar y expresa que ‘el proyecto resulta observable por cuanto menoscaba las atribuciones del Cuerpo al establecer con carácter obligatorio consultas a colegios profesionales’ y pregunto: ¿qué facultad menoscaba?, si en realidad tenemos las mismas facultades cuando de hecho las ordenanzas, cualquiera sea su tipo y naturaleza, son votadas por este Concejo Deliberante”, afirmó Bilbao.
Agregó que “después dice que corresponde tener presente el artículo 83 de la Ley 8912 que establece como única acepción la aprobación previa del Ejecutivo municipal de las ordenanzas de ordenamiento y uso del suelo, que es un racionamiento que nada tiene que ver con la materia en análisis y además, está mal, lo cual pone de manifiesto que no leyó la referida ley, porque quien debe aprobar previamente es el Ejecutivo provincial, con lo cual creo que el Asesor Letrado ésta bolilla no la aprobó”.
“Dudo si puede vetar”
“En principio, es para dudar si puede vetar una ordenanza relativa al reglamento interno del Concejo Deliberante, tengo muchas dudas desde lo jurídico. Pero para generar un conflicto de poderes ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, supongo que no tengo los votos de este Cuerpo, porque necesitaría la mayoría de este recinto y no los tengo; en definitiva, si lográramos un fallo favorable e imponemos la ordenanza, seguramente el Ejecutivo promovería una nueva ordenanza modificando la nuestra y lo puede hacer a partir de los 8 votos que tiene y lo manifiesta en el decreto que impone el veto”, enfatizó Bilbao.
El veto en cuestión expresa, en su cuarto párrafo, que “el Departamento Ejecutivo entiende dentro de sus legítimas atribuciones, dado el sistema de control y controles cruzados que imperan entre ambos departamentos que componen el Gobierno municipal, lo cual constituye la esencia del sistema republicano de gobierno la potestad legal y constitucional de controlar en este caso la reforma del reglamento interno de funcionamiento del Concejo Deliberante, en tanto y en cuanto el Ejecutivo y el partido político que representa cuenta con ocho bancas que hacen a la mitad de los ediles del Cuerpo”, a lo cual el edil Bilbao responde que “parece que el Intendente sí se dio cuenta que entre las facultades del Ejecutivo municipal está la de controlar al Concejo y somos nosotros los que no nos damos cuenta que entre las facultades que nos asiste está la de controlar al Ejecutivo…”.
En el quinto párrafo del veto, se expresa que “el artículo 29 bis establece consultas obligatorias en forma previa a distintos colegios profesionales (arquitectos, agrimensores, ingenieros), lo cual lesiona sensiblemente la independencia y la autonomía que detenta el Concejo Deliberante, implicando la reforma en crisis una renuncia innecesaria e injustificada a la autonomía municipal”, indicando Bilbao que “me sorprende que el Intendente se preocupe por la autonomía del Concejo Deliberante… pero si fuese así, pregunto en qué afectó nuestra autonomía el dictamen o el asesoramiento de los arquitectos en referencia al proyecto de urbanización del ‘Cerro del Amor’, cuál es la facultad que nos ha menoscabado el poder contar con una herramienta valiosa y que nos enriquece para poder opinar en forma objetiva. Que perdemos autonomía e independencia está claro que no es cierto”.
Al hacer referencia que la ordenanza vetada implica una carga burocrática innecesaria, Bilbao expresó que “en realidad, la ordenanza del ‘Cerro del Amor’ se aprobó a mediados del 2008 y estamos cerrando el 2010 y aún no presentó la información que se requiere para analizar el tema en serio, un año y medio de incumplimiento y señala que quince días es una exagerada carga burocrática… por quince días, me parece que es una excusa más que una razón justificada para vetar una ordenanza”.
“Si se hubiese tenido esta herramienta en el pasado se hubieran evitado los papelones que esta administración municipal pasó ante el Gobierno provincial y no sólo porque los funcionarios confundieron el norte con el sur sino también por el hecho de haber presentado un certificado de aptitud hidráulica vencido”, afirmó Bilbao, haciendo referencia a la ordenanza sobre urbanización del ‘Cerro del Amor’.
Ya sobre el final de su intervención y sabiendo cual iba a ser el final, Bilbao dijo que “este no es un tema menor, el objetivo personal era aportar a la calidad institucional del Concejo Deliberante y expresó que son temas específicos que desconocemos, por eso es que pretendía un asesoramiento externo con gente que conoce y está presta a aportar”.
Por último, dijo: “El proyecto en cuestión era para que no queden dudas que cuando tomamos decisiones no son a favor de un empresario sino a favor del desarrollo armónico del distrito en su conjunto”, expresando seguidamente que “pido que se rechace el veto y se insista con la ordenanza, por la transparencia de este Cuerpo, para mejorar la calidad institucional, para tener asesores y así evitar los errores que se han cometido”.
“El proyecto en cuestión era para que no queden dudas que cuando tomamos decisiones no son a favor de un empresario sino a favor del desarrollo armónico del distrito”. Hugo Bilbao
La palabra del oficialismo
Fue Néstor Osorio quien intentó una defensa del veto, pero no haciendo referencia directa a las razones en sí, sino que se dispuso a refutar a Bilbao y lo hizo afirmando que “si bien podemos tener poco estudio, hemos aprobado muchas materias de la vida y no dudamos de los demás ni subestimamos”, resaltando que “queremos que se respete nuestra opinión… nuestros motivos”.
Agregó que “estamos cediendo derechos a terceros, como así también obligaciones y deberes, si bien respetamos las opiniones en contrario pedimos que nos respeten” y puso de manifiesto que no estaban de acuerdo con el hecho de estar obligados a pedir informes en todos los casos y dijo sobre el particular que “no quita que se pueda hacer, no nos oponemos a que se envíen en consulta algunos temas, pero no queremos que sea una obligación. Se rompe un engranaje muy grande, estamos creando una obligatoriedad… lo podemos hacer pero en cada caso en particular, no en forma obligatoria”.
“Una vergüenza”
El radical Guillermo Sol dijo que “no se menoscaba la capacidad del Concejo, en nada… lo que se está haciendo es ordenar a una Comisión que tome una actitud cierta y concreta en un tema determinado” y agregó que “pedimos que este Cuerpo ejerza la potestad que tiene de independencia del Ejecutivo municipal, que es en el que ha incursionado”.
Resaltó Sol que “el voto oficialista permitirá que sobre la potestad absoluta que tiene este Cuerpo el Ejecutivo tome injerencia, porque si bien somos dos organismos que actuamos en el marco de la democracia en forma conjunta, en cuanto al funcionamiento de la cosa pública, indudablemente la división de poderes existe y la potestad que tiene el Ejecutivo para revisar y vetar una ordenanza existe… pero además, está planteada, que podemos insistir y con el voto especial de los dos tercios aprobar una ordenanza que no puede ser modificada por el Ejecutivo y queda vigente”.
“No hay argumentos técnicos ni legales ni político, me animaría a decir, que podría esgrimir el Ejecutivo para no permitir esta iniciativa del Concejo”, afirmó Guillermo Sol, quien añadió que “no votando en contra del veto permiten que se esté torciendo la voluntad absoluta de este Cuerpo, es algo que avergüenza la historia misma del Concejo Deliberante”.
Por último, dijo que “la actitud que tiene hoy el bloque del oficialismo, negándose a insistir con esta ordenanza, va a sentar precedentes negativos en la vida política del distrito y puede llegar a generar antecedente”.
Finalmente, Héctor Dalmau expresó que “no encuentro explicación a esta votación, aunque sé que está dentro de las posibilidades de la vida política de Coronel Suárez”, agregando que “es una lástima que se consulte al Ejecutivo temas que tienen que ver con la vida y la incumbencia del Concejo Deliberante”.
Puesto a votación por Roberto Palacio la misma resultó empatada en ocho votos por el rechazo al veto y ocho por la aceptación del mismo, por lo tanto quedó ratificado el veto porque la oposición no logró la voluntad de los dos tercios de los dieciséis concejales.
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