El Colegio de Abogados es el ámbito institucional de representación para los profesionales del Derecho. El Día del Abogado siempre aparece como una oportunidad para pasar revista a los principales temas de gestión que ocupan la agenda de la entidad y para conocer las características de las actividades que se desarrollan en ese ámbito, que aunque destinadas exclusivamente a los profesionales del Derecho en muchas ocasiones se hacen extensivas a la comunidad que se ve alcanzada por las acciones que se promueven.

LA OPINION entrevistó al doctor Guillermo Aiello, presidente del Colegio de Abogados de Pergamino, quien abundó en interesantes consideraciones y posicionó en la agenda de sus reflexiones algunas cuestiones de relevancia sobre el hacer de la Justicia.

“Este es un año de muchísimo trabajo, producto de trabajos que nos ha delegado el propio Estado, lo que nos implica hacer mucho esfuerzo”, comenzó y refirió que “la gestión gira sobre varios ejes”.

Planteando cuestiones de la rutina de trabajo de los abogados, Aiello advirtió que “tenemos problemas con los organismos judiciales que hacen que el abogado vea su trabajo demorado, siempre decimos que la Justicia lenta no es justicia y esto no es solamente una frase, cuando las cosas se demoran se generan problemas que afectan al profesional del derecho y también al justiciable, que se cansa de las explicaciones sobre las demoras de la Justicia, toda esta situación obliga a los abogados a tener más imaginación en cuanto a cómo hacer para superar esos obstáculos con nuevas herramientas”.

En la Magistratura

Atendiendo a que Guillermo Aiello es vicepresidente del Consejo de la Magistratura, muchas de sus reflexiones se centraron en la agenda de temas sobre los que se trabaja en el seno de ese ámbito de gestión.

“Hay temas judiciales pendientes, venimos con una lucha por el segundo Tribunal de Trabajo”, planteó y consideró que “la Justicia laboral está olvidada en la provincia de Buenos Aires, cada uno que habla es para criticarla, pero no para dar soluciones prácticas, no hay ningún proyecto legislativo en este momento para cambiar nada”.

En este punto planteó que “no se da en la Argentina que las cortes preparen algo para ir a la Legislatura, lo cual no se entiende porque siendo uno de los poderes del Estado tranquilamente podrían hacer una ley con todos los conocimientos que tienen para mejorar algo que ellos mismos controlan”.

“Creo que es un reclamo de la sociedad, hoy un juicio laboral demanda tres o cuatro años y esto hay que cambiarlo”, planteó y llevando la reflexión al plano local señaló que “en Pergamino hemos tenido problemas por enfermedades de los titulares y ahora, merced a una gestión intensa hemos logrado que designen un juez suplente que tengo entendido que empieza a trabajar el lunes”.

“Con esto esperamos solucionar la coyuntura de este Tribunal, hasta que esté la designación del nuevo juez que estimamos será el año que viene”, agregó, aunque aclaró que “igual necesitamos otros, pero no hay presupuesto porque todos los recursos se van a la parte penal”.

En lo que respecta al resto de los organismos, señaló que “estamos en un momento de transición con los juzgados civiles” y precisó que “se está implementando un nuevo sistema informático que, aunque dicen que va a ser mejor en el futuro, hoy no es mejor y causó un gravísimo problema porque redujo a la mitad el número de expedientes que pueden proveer diariamente”.

Al respecto opinó que “así son las cosas en Argentina, la Corte asegura que este nuevo sistema es la panacea, pero estamos en un país donde puede suceder que esto que es la panacea, en dos años cambie y estemos otra vez empezando de nuevo”.

Un avance

En otro orden, el doctor Guillermo Aiello vio con satisfacción que “ya salió la ley de notificación electrónica”, lo que a su juicio significará “avanzar hacia el expediente virtual.

“Creo que la era digital ha llegado y es mucho más barata que el papel; la cuestión informática, aunque es muy resistida, es muy segura y emplea los mismos sistemas de resguardo que usan los bancos”.

En orden a las razones de tanta resistencia, cuando se trata de una herramienta con la que se estima que se bajará drásticamente el gasto de la Justicia, planteó que “todas estas cosas hacen mas visibles las resoluciones de la justicia y por eso son resistidas por ciertas tradiciones”.

“Los abogados y los jueces estamos obligados a trabajar mucho más de frente a la gente; esto es muy difícil de digerir para mucha gente porque esto elimina la demora injustificada”.

Una mirada sobre la inseguridad

A menudo se les pregunta a los abogados sobre la cuestión de la inseguridad. Al respecto, en un tramo de la entrevista, el doctor Guillermo Aiello planteó que “nosotros no podemos hablar de la política estatal de seguridad porque no es nuestro tema, lo que sí podemos es reflexionar más sobre la cuestión de la seguridad a nivel judicial”.

Al respecto consideró necesario hacer varias divisiones “y explicarle a la gente que más allá del discurso oficial, las leyes van para otro lado”.

“La implementación de la ley penal juvenil no fue para meter presos a los menores, sino para darle derechos; y esto no lo dice nadie porque es políticamente incorrecto”.

“En realidad fue para cumplir con pactos de jerarquía constitucional”, dijo y consideró que “está bien que las cuestiones de la protección estén a cargo del Estado y la punición a cargo de la Justicia”.

“Eso está bien porque eliminó la vieja figura del juez de Menores que era entre protector y castigador, como un padre, que asistía al menor hasta los once años que no tenía para comer o porque la madre le pegaba y después cuando por esas cuestiones y por el ambiente en el que vivía ese chico salía a robar, lo tenía que castigar”.

“Eso está bien, pero ahora, las leyes que se implementaron para eso fueron en dirección distinta a la demanda que tiene la gente en materia de seguridad”, opinó y consideró que “la sociedad tiene una demanda de seguridad lógica porque tiene miedo y el miedo es lo peor que te puede pasar”.

Otra política criminal

Avanzando hacia la posición que tiene el Colegio respecto de la política criminal, Aiello planteó que “a nosotros como Colegio nos gustaría tener un Ministerio Público que se hiciera cargo de la política criminal de la ciudad”.

“No es que no trabajen, no estoy hablando de eso”, aclaró y sostuvo que “sería beneficioso que se pudiera hacer cargo de la parte que le corresponde en el manejo de la investigación, en la forma de investigar”.

“Y acá hay un poco de responsabilidad del propio Estado, porque quedó trunca la reforma en cuanto a la formación de la Policía Judicial”, advirtió y consideró que “lo importante es que esta policía no esté a disposición del fiscal, sino que su superior sea el fiscal”.

“Una diferencia que parece mínima no lo es”, agregó y consideró que “una cosa es que el fiscal supervise lo que hace la Policía y otra cosa es que le ordene qué hacer y que cuente con instrumentos para asegurarse de que lo haga”.

“Hoy por hoy la DDI cumple esa función, pero no deja de ser Policía de la provincia de Buenos Aires, cuando en realidad sería necesario que el cuerpo de fiscales dentro de los departamentos Judiciales tuvieran su Policía, con su estructura funcional, esto permitiría establecer una política criminal coordinada”.

Al respecto opinó que “el caso más patente lo tenemos con lo que pasó con los Pomar, ahí vimos la poca posibilidad que tiene el fiscal de comprobar si la Policía cumple con una orden que se le da”.

Coordinados

En este punto de la reflexión, el presidente del Colegio de Abogados planteó la necesidad de avanzar hacia cambios que faciliten una acción más coordinada. Al respecto sostuvo que “los municipios creen que se van a poder sacar de encima este problema, pero esto no es así porque la gente entiende que hay responsabilidades compartidas y cuando se queja lo hace en la Provincia, en la Municipalidad y hasta en el Colegio”.

“Todos tenemos que ver, participamos y vamos a los foros, lo que pasa es que después cambia la política y quieren hacer todo nuevo. No tenemos una política de estado que conduzca esta cuestión”, señaló y advirtió que “no saben qué hacer, la sensación de la gente no es tanto lo que lo que pasa, sino la sensación de sentir que no saben cómo dar respuesta a lo que sucede con la inseguridad”.

“Para mí, el debate tiene que ser legislativo y en vez de poner mas recursos en lo que no funciona, poner esos recursos y enfrentar a ciertos factores de poder como la Policía para hacer cambios”, opinó y exhortó “empecemos por la Policía Judicial que es fundamental para darle al fiscal la herramienta, y ahí sí lo podemos juzgar, pero si no le das los instrumentos, no lo podes cuestionar porque fracasa”.

La gestión durante el período 2010- 2012 está a cargo de: presidente Guillermo Aiello; vicepresidente primero Jorge Caturla, vicepresidente segundo, Gustavo Marino Aguirre; secretaria general, Alicia Luppi Barbella; prosecretario, Juan María Carricart; tesorero, Gerardo Azurmendi, protesorero, Fernando Cubino; vocales titulares, Carlos Pérez, Pedro Colabella, Romina Pirchi, Guillermo Sequeiro, Yanina Levato; vocales suplentes, Guillermo Tezón, Juan José Giamé, Sofía Floridi, Araceli Vaquer, Mónica Pereyra.

Tribunal de Disciplina: presidenta Norma Volpi de Gorordo, vicepresidente Enrique Trebino, secretario, Hugo Luis Balduzzi; vocales, Ernesto V. Di Atilio, Carmen Conti.

Delegado a la Caja de Previsión Social: titular, Eduardo Doddi, suplente, Rubén Díaz.

Revisor de Cuentas a la Caja de Previsión Social: titular, Stella Maris Perretta, suplente Juana María de la Fuente. Delegado Faca, titular, Ambrosio Bottarini, suplente, Nora Sacoski.