Esas afirmaciones fueron volcadas por Guil durante sus declaraciones indagatorias en 2005 y 2007, en las que consideró que la acusación en su contra fue armada por abogados de derechos humanos con la colaboración del testigo Nolasco Rodríguez, que busca venganza por el asesinato de su hermano, cometido en Metán.

Guil negó también haber tenido el control de la Policía en toda la provincia, aseguró que no fue Ragone quien le dio el pase a retiro, sino el juez Roberto Castro, en el marco de la investigación por apremios ilegales contra miembros de “una célula terrorista”, dijo que luego él y los otros policías acusados fueron sobreseídos de esta acusación.

Salvo Luciano Benjamín Menéndez, que habló para desconocer al tribunal, el resto de los acusados prefirió no abrir la boca ayer, cuando se les dio la oportunidad de declarar ante los jueces Liliana Snopek, Carlos Jiménez Montilla y Luis Giménez. Por eso se leyeron sus declaraciones anteriores.

El ex jefe de la Policía, Miguel Gentil, también sacó a relucir amistad con los Ragone: dijo que sus nietos son amigos de los hijos y nietos del ex gobernador. Aseguró que actuó “siempre conforme a las leyes y reglamentos de esa fuerza”; recordó que la Policía estaba bajo control operacional del Ejército y reflotó la vieja teoría distractiva, planteada a poco del secuestro, acerca de que se trató de un enfrentamiento dentro del Partido Justicialista.

El ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Mulhall, negó la acusación, igual que los ex policías Pedro y Rubén Herrera (bastante desmemoriado) y Jorge Héctor Zanetto, acusado por amenazas, que hizo gala de una fluidez de contactos con dirigentes del ala dura del peronismo de los 70.