Considera que su infiltración en las huelgas de El Chocón constituye "actos preparatorios" de los crímenes de lesa humanidad cometidos a partir del golpe cívico-militar.

La importancia de saber cómo se iba preparando el terrorismo de Estado en la región es una de las motivaciones de las querellas del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al expresar su aceptación a que se incluya información relevante sobre el papel del imputado en esta causa Raúl Antonio Guglielminetti durante la huelga de El Chocón ocurrida a fines del año 1969 y comienzos de 1970.

La información que sería aportada por el abogado, historiador y periodista Juan Carlos Chaneton, en calidad de "Amicus Curiae" (Amigo del Tribunal), fue presentada el 3 de julio a los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Neuquén, que preside Orlando Coscia, quien deberá responder si acepta o no el pedido.

Durante la investigación para la escritura de su libro “Dios y el Diablo en la tierra del viento. Cristianos y marxistas en las huelgas de El Chocón”, publicado en 2005 por la editorial Catálogos, Chaneton entrevistó a Armando Olivares, uno de los integrantes del conflicto, y al ingeniero Hugo Mochkovsky, segundo jefe de movimiento de suelo en la época de construcción de la presa.

Tanto Olivares como Mochkovsky aportaron a Chaneton valiosa información acerca de las tareas que Guglielminetti realizó durante las huelgas.

“En el caso del testimonio que recogí en su momento de Olivares, es la cuestión de la infiltración de Guglielminetti como agente operativo de la represión en las asambleas obreras y como miembro de la seguridad de la empresa, además del hecho de que este hombre andaba armado todo el tiempo”, señaló Chaneton en diálogo con La Mañana de Neuquén.

Respecto a la información que le fue proporcionada por Mochkovsky, Chaneton contó que “este ingeniero me dijo que Guglielminetti tenía mucho interés en aprender a usar explosivos”. Y agregó que “estas actividades, delatar obreros y manejar explosivos, no son actividades que se requieren para trabajar en seguridad”.

En su opinión, el tiempo pasado en El Chocón constituye para Guglielminetti una “suerte de actos preparatorios de su actividad posterior, que desplegará a partir del 24 de marzo de 1976 como agente operativo del terrorismo de Estado, actividad que desplegó con el alias de Mayor Guastavino, entre otros apelativos usados por él para ocultar su identidad”.

Aunque no lo incluye en el texto del documento que presentó ante el Tribunal Oral Federal, Chaneton resaltó que “está claro que en Neuquén hubo terrorismo de Estado antes del golpe del 24 de marzo de 1976 porque en la Universidad Nacional del Comahue estaba Remus Tetu, que era un fascista convicto y confeso, un sinvergüenza que fue profesor de geografía en el colegio Don Bosco y que en segundo año del secundario nos trataba de inculcar ideas de corte fascistas. Este fascista estaba al frente de la Universidad Nacional del Comahue y en ese marco supongo que gente como Raúl Guglielminetti ha tenido facilidades para desenvolver sus instintos criminales o su actividad de delatores”.

Desaparición forzada u homicidio

En el recurso presentado, Chaneton explicó que el ex agente de Inteligencia imputado en la causa que se está investigando actualmente en Neuquén, "era un sujeto violento, informante de la Policía o del Ejército y con vocación por la delación”. Afirmó que “(Guglielminetti) cuenta con antecedentes que deberían ser considerados a la hora de imputarlo como presunto responsable de delitos de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino de detención, conocido como 'La Escuelita', ubicado a la vera de la Ruta Nacional 22”.

Chaneton sostuvo que los datos que aporta al tribunal comandado por Coscia sobre Guglielminetti aclara la naturaleza de la imputación “que seria desaparición forzada de personas y no homicidio”.

El periodista manifestó no estar de acuerdo con la figura de homicidio "porque tira por la borda toda una construcción alrededor de la figura de desaparición forzada de personas que existe en la actualidad en el derecho, en la jurisprudencia internacional".

"La Argentina tuvo un papel muy importante, y cuando digo Argentina me refiero al movimiento de derechos humanos, a sus activistas y militantes que ya en 1981 venían planteando en la comunidad internacional la necesidad de la sanción de una convención internacional contra la desaparicion forzada de personas”, agregó.

Explicó que al imputar por homicido “estaríamos haciendo un cálculo de almaceneros que es lo que podemos atribuir como pena al imputado dejando de lado aspectos que tienen que ver con lo ideológico, con los valores, con una trayectoria y una tradición que tiene nuestro país en la materia".

Expresó que la Justicia "se muestra renuente a profundizar en el juicio y en el castigo a los represores. El Poder Judicial de la Nación está infectado, contagiado con remanentes de la ideología del terrorismo de Estado. Por eso estos juicios se vuelven lentos".