Cuestionaron que la planta superó el límite de producción anual, lo que consideraron “un nuevo atropello de la empresa UPM y la pasividad del gobierno del Uruguay”.
Ambos suscribieron un comunicado ante la noticia de que la planta UPM superó el lunes el millón de toneladas de producción anual, incumpliendo la autorización otorgada por el gobierno uruguayo de producir esa cantidad como tope máximo, y manifestaron su “más rotundo repudio ante un nuevo atropello de la empresa UPM y la pasividad del gobierno del Uruguay”.
“Esta nueva mala noticia, que no nos sorprende, no hace más que ratificar una conducta impropia de esta empresa con la complicidad de los funcionarios uruguayos. UPM continúa incumpliendo con la autorización otorgada por el gobierno de ese país. Esta empresa desoye la normativa, por lo que notamos una clara complacencia de los funcionarios uruguayos que lo permiten, por cuarto año consecutivo”, dice el duro comunicado.
Luego agregaron: “No compartimos la lógica de la empresa y la condenamos, a la vez que consideramos inadmisible la conducta del gobierno del Uruguay. Creemos que en estas circunstancias es preferible pecar en exceso que en defecto, cuidando el medio ambiente. Cada uno prioriza en la vida y decide de qué lado quiere estar: si preservando el medio ambiente y el ecosistema, o justificando de manera mercantilista un aumento en la producción o la instalación de una nueva planta. Ha quedado demostrado que el gobierno uruguayo defiende abiertamente a la empresa. Parecen funcionarios de UPM en lugar de bregar por el bien común y la salud de sus ciudadanos”.
Según ambos dirigentes justicialistas, que ahora el gobierno uruguayo admita la instalación de una nueva planta sobre el margen del río Uruguay, es una “nueva provocación”. Y además es “una necedad plantear una tercera planta en esta región, que sólo va a generar conflicto entre países hermanos que ya han sufrido mucho con la puesta en marcha de una pastera sobre el río Uruguay sin haber consultado a la otra orilla”.
“Creemos y sostenemos firmemente que sería una irresponsabilidad completa y absoluta. Por ese motivo acompañamos la decisión del gobernador Sergio Urribarri de solicitar una audiencia con el canciller Héctor Timerman, y que se traslade tal preocupación a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner”, concluyeron.
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