Además, acusan a las autoridades de la entidad de incurrir en gastos extravagantes, arbitrarios y excesivos. Provistos de esas razones, siete abogados (Gustavo Terán Molina, Claudia Mirabella, José Marcelo Rearte, María Esther Constantino, Manuel Miguel Gutiérrez, Gabriela Mirabella y Rodolfo Rueda) han deducido una acción de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo solicitando la declaración de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley 5.233 que establecen el pago de una cuota anual y la suspensión de la matrícula en caso de incumplimiento.

Los letrados consideran que aquel arancel carece de fundamento legal y que la normativa sólo autoriza a cobrar una cuota anual de acuerdo con un programa de gastos que se ajuste a los niveles de actividad del foro. "La ley no habilita al Colegio a cobrar un arancel de matrícula y mucho menos todos los años", argumentan en el escrito que presentaron la semana pasada en los tribunales.

Los profesionales afirman que el esquema vigente no permite discutir los conceptos, rubros y montos de los pagos que los asociados hacen al Colegio y critican la excesiva burocracia en la resolución de las impugnaciones. También objetan que el incumplimiento acarree la suspensión de la matrícula para todos los juicios donde interviene el deudor. "Es una situación gravísima que lesiona derechos adquiridos", postulan los letrados. El reproche incluye los criterios aplicados en los gastos de la entidad: "según el balance de 2009, gastaron $41.768 en cafés, güisquis y almuerzos, y $206.193 en comisiones" (ver "Polemizan sobre...").

"Prescinda de un Fernet"

Los accionantes, que se definen a sí mismos como abogados independientes, calculan que hay 5.100 colegas activos y que alrededor de 700 no pudieron renovar la matrícula en 2010 (es decir, abonar un arancel que cuesta entre $240 y $990 en función de la antigüedad y el tipo de actividad). En el presente, los ingresos del Colegio provienen de las matrículas y de los bonos profesionales.

Ezio Jogna Prat, vicepresidente de la entidad, ha rechazado de raíz la posibilidad de prescindir de los recursos que proporciona el arancel controvertido judicialmente."No podría funcionar, entraríamos en una situación crítica. El reclamo de este grupo de abogados busca debilitar nuestra institución", precisó el dirigente a LA GACETA, que, además, defendió la razonabilidad del balance 2009. "Son los gastos normales y lo podemos demostrar. Hay gente que quiere hacer política con el Colegio", matizó.

A renglón seguido, Jogna Prat negó que la renovación de la matrícula sea cara o confiscatoria: "el letrado con 10 años de ejercicio que no pueda pagar $600 por año para que una institución controle su profesión tiene que dedicarse a otra cosa. Al joven abogado le corresponden $240 anuales: con un Fernet que se prive por mes ya paga la matrícula. Son valores que no justifican hablar de este tema". Sin embargo, los abogados que suscribieron el amparo insisten en que la abogacía está en crisis -como consecuencia de la lentitud de la Justicia- y confían en que más colegas abrazarán su planteo.