En tal sentido, la denuncia detalla que el 8 de marzo de 2006, la Municipalidad de Loreto firmó un convenio con el Instituto de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual, la Comuna se veía beneficiada con la construcción de 50 viviendas del Plan de Solidaridad Habitacional.

Se establecía, en consecuencia, que el IPVU, como agente de financiación de esa obra, era el encargado de supervisar la ejecución de la misma y hacer los pagos de certificados conforme a los avances de la misma.

Por otra parte, en el convenio aprobado en marzo de 2006, se establecía que el IPVU giraría fondos para la segunda etapa de la construcción, y también para hacer diez baños. Según la denuncia, el Municipio nunca construyó estos núcleos habitacionales, por lo que, en aquel entonces, se estudiaba una sanción para el organismo loretano, por parte del IPVU, embargándose la cuenta del Municipio para el recupero de ese organismo, quedando sin efecto el convenio de las cincuenta viviendas, viéndose el Municipio considerablemente perjudicado.

De lo expuesto, surge que el ex intendente incurrió en conducta estipulada en el artículo 260 del Código Penal, como así también el artículo 248, y deberá responder a los efectos de aclarar esta irregular situación por no haber construido las viviendas como estipulaba dicho convenio.