Las entidades que presentaron la denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas son la Federación Chaqueña de Gremios (FECHAG), que nuclea a numerosos sindicatos, y Federación Sitech.

Asimismo, expresaron su malestar por no haber sido recibidas por los vocales salientes ni entrantes, ni por los síndicos en representación de los afiliados del Insssep. "Ignoraron nuestra convocatoria", manifestaron, y agregaron: "La actitud de los representantes elegidos por el voto de los trabajadores, puntualmente de los vocales salientes y síndicos, dejan muchos interrogantes. Seguramente no asistieron porque sabían que le pediríamos explicaciones por haber avalado todas las resoluciones del presidente del organismo, Atilio Velásquez, y tendrían que responder también por el recorte en las ordenes de consultas médicas, del vademécum carente de medicamentos, del cobro del PLUS, y que mientras el afiliado carece de cobertura, firmaron convenios en la que se pretende hacer asistencia social con el patrimonio de los trabajadores, del proselitismo partidario en un tiempo electoral, de las fiestas, sorteos de autos, de la resolución de sueldos retroactivos de $760.000, para la síndico Maria Luisa González. Esta es la realidad mientras los que aportan religiosamente todos los meses, son victimas de la mala administración del capital de la Obra Social y del estado calamitoso en le que encuentra".

En esa misma línea, lamentaron también "la inasistencia de los vocales y síndicos entrantes que comenzarían su gestión como miembros del Directorio, ya que hubiera sido muy importante presentarles nuestras demandas, y que ellos ponga en conocimiento de los dirigentes sus proyectos para mejorar la Obra Social".

"Por lo tanto, las entidades gremiales y sociales comprendidas en la CTA no vamos a claudicar y ante la indiferencia de los que fueron convocados. Vamos a responder con gestión para los trabajadores, haciendo las denuncias a los organismos técnicos que correspondan y a judicializar el reclamo de ser necesario por violación a la ley 4044 y toda cuestión que atente contra los afiliados", advirtieron.

Por otra parte, sostuvieron que "el tema del plus es nada más que un caballito de batalla en esta época electoral", al tiempo que señalaron que "lamentablemente no tienen autoridad moral para exigir, porque el Insssep le está debiendo casi $9.000.000 a los prestadores y el Ejecutivo le debe $29.000.000 a la Obra Social".

"Con estos datos queda evidenciado que para erradicar el plus se necesita más que salir a los medios aparentando estar muy preocupado. Primero se debe cumplir con los convenios firmados con los prestadores y denunciar al Ejecutivo que cumpla con lo que estipula la ley como organismo de retención", afirmaron.