Ninguno de los gremialistas cordobeses enrolados dentro de la CGT se juega a sindicar un responsable político por el enfrentamiento sindical que le costó la vida al militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. Y las lecturas que realizan no se sustraen de su alineamiento político.

Hay un dato relevante. Aunque la mayoría de los gremios repudiaron el hecho y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) inclusive adhirió al paro nacional dispuesto por Ctera (enrolada dentro de la Central de Trabajadores Argentina, ninguno de los sindicalistas enmarcados dentro de la CGT participó ayer de la marcha realizada en Córdoba.

Los gremialistas locales se muestran cautos a la hora de analizar lo sucedido, pero reconocen que aunque los hechos de violencia puedan no haber sido planeados intencionalmente por una mano negra, inevitablemente la situación se politizó. También coinciden en que hubo inacción de la Policía Federal y del Ministerio de Trabajo de la Nación, que no resolvieron la cuestión de fondo, que es el reclamo de los trabajadores tercerizados del Ferrocarril General Roca, que capitalizó el PO.

“No se si nació como una jugada política, pero en el acto ha sido aprovechado políticamente”, evaluó el titular del SEP, el peronista kirchnerista José Pihen. “Es un muerto para Kirchner como lo fueron Kosteki y Santillán para Eduardo Duhalde”, parangona el sindicalista.

Pihen conoce al titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, porque ambos son oriundos de la localidad cordobesa de Deán Funes.

En ese sentido, recuerda que Pedraza es “un duro” del sindicalismo nacional y lamenta que todavía haya gremios que utilizan “métodos violentos”. Pihen se interroga si el Gobierno protegerá a Pedraza, actualmente alineado con el kirchnerismo, pero que pasó antes por el menemismo y fue marxista en su momento.

Augusto Varas, titular de la Unión Obrera Metalúrgica –quien sufrió en 2009 la violencia de sectores disidentes que atacaron la sede gremial– sostiene que “entrar en la especulación es perder objetividad”.

Varas advierte que la cuestión de fondo del enfrentamiento responde a “reclamos de resabios de la política neoliberal de los ‘90” producto de las privatizaciones” y también apunta que hay sectores políticos, como el PO, que “cabalgan” sobre esas demandas.

Para el dirigente metalúrgico –que defiende el modelo kirchnerista– también debieron haber intervenido la cartera de Trabajo y la Policía pare evitar el choque entre dos sectores.

Desde la UEPC, Juan Monserrat, tras condenar el hecho, recuerda que el gremio docente sufrió aunque en menor medida la violencia de sectores internos disidentes vinculados ideológicamente con quienes ahora padecieron una víctima. Monserrat dice que no le consta que haya un modelo gremial mafioso y también rechaza el apelativo de burocracia sindical.

Quien hace una lectura sin pelos en la lengua es el laboralista Lucio Garzón Maceda, un “histórico” abogado de varios gremios. “En esto hay de todo: pasividad del Gobierno y la Policía, que no hicieron nada y tienen que explicarlo, y la decisión gremial de meter un grupo de forajidos”. El letrado descree que Duhalde esté detrás de lo sucedido y conjetura que se trata de una interna sindical para perjudicar a Pedraza. “Es una cosa de tarados”, sintetizó.