La dirigencia del Sindicato de Empleados de Rentas (Siempre) llevó adelante una nueva jornada de protesta frente al edificio de la Administración Tributaria Provincial (ATP) en rechazo a las últimas incorporaciones al organismo, las que aseguran se hicieron “violando los compromisos y la Ley de Autarquía”.
El secretario General del Sindicato, Raúl Sánchez, pidió que las autoridades, tanto de la ATP como del Ministerio de Economía, remitan a la Justicia los antecedentes del concurso realizado el 5 de junio del año pasado, para de esa manera dilucidar si se cumplimentó con el ingreso de las personas con mejor calificación. Dejó claro que son 40 nuevos agentes los que incorporó el organismo y que la mayoría de ellos “son por acomodo, ya que tienen alguna relación con funcionarios o dirigentes de la UPCP”.
Persecución gremial
Por otra parte, Sánchez denunció la existencia de una escalada de persecución gremial a partir de las diferentes denuncias que se vienen haciendo sobre el manejo de los ingresos al organismo. “Durante cuatro meses estuvimos discutiendo con el subadministrador Carlos Velázquez la ley de autarquía, y más que nadie sabía del impedimento para contratar de forma directa, algo que no cumplió, por eso para nosotros es un traidor. También cuestionamos al presidente Ricardo Pereyra y a la dirigencia sindical de UPCP, entre quienes parece existir un pacto para hacer un manejo de los ingresos y satisfacer las apetencias sin tener en cuenta el concurso”.
Los encadenados
Respecto de las personas encadenadas, hizo saber que son jóvenes que con toda la ilusión tomaron parte de los exámenes y que ahora solicitan conocer los resultados para transparentar el acceso. “En algunos casos los que ingresaron ni siquiera tienen el secundario completo, esto no puede pasar, por eso pedimos que se conozcan todos los antecedentes”. También reconoció que durante el día son distintas las personas que se van encadenando.
Asimismo dio cuenta de que en ningún momento se paralizó el funcionamiento del organismo y que el objetivo de la protesta no es evitar la prestación del servicio fiscal, sino hacer conocer el reclamo, conseguir transparencia en los procesos de incorporación del personal y que la opinión pública sepa lo que está ocurriendo.
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