La Asociación Gremial Docente de Río Cuarto salió ayer a cuestionar la decisión de la Justicia de imputar a la profesora e investigadora Liliana Ruetsch en el marco de la causa penal iniciada a partir de las explosiones de la Planta Piloto de Ingeniería. Para el sindicato, la docente “en realidad es otra víctima de la tragedia”.

Ruetsch integraba el grupo de trabajo que conducía Miguel Mattea y fue la única sobreviviente de los integrantes del Gidpo. El gremio cuestionó la imputación que ayer publicó este medio al considerar que “era una docente con un cargo, dentro del escalafón, menor como es el jefe de trabajos prácticos y también como investigadora contaba con una jerarquía no demasiado importante”, indicó Jorge Adaro, secretario general del gremio.

Con la imputación resuelta por el juez Ochoa, en línea con lo que le solicitó la Cámara Federal de Apelaciones cuando en su fallo el tribunal le ordenó al magistrado “profundizar la investigación” sobre la figura de Ruetsch, el sindicato quedó en una situación incómoda. Por un lado, Ochoa aceptó a la entidad gremial como querellante en la causa que ahora tiene a otro afiliado como imputado.

“Liliana Ruetsch nombrará a su propio defensor y nosotros junto con todas las partes incluidas en el proceso buscaremos hacer los aportes que creamos para llegar a la verdad de lo que ocurrió esa mañana en la Planta Piloto”, indicó Adaro.

El sindicato ya había cuestionado en su momento la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de ordenar a Ochoa la profundización de la investigación sobre Ruetsch. Esto, en los pasillos de los tribunales federales, había sido leído como un pedido de imputación, hecho que finalmente ocurrió. Lo cierto es que en coincidencia con lo remarcado en aquel momento, la Asociación Gremial Docente volvió a cuestionar la inclusión de Ruetsch como responsable.

“Creemos que dado el rol, desprendido de sus cargos como docente e investigadora, no tenía ninguna posibilidad de evitar lo que ocurrió ni de hacer cumplir las normas de higiene y seguridad que no estaban garantizadas”, indicó Adaro.

Lo cierto es que a partir de la imputación de Ruetsch hay ocho involucrados en la causa penal, de los cuales siete están procesados: Diego Moitre (ex decano de Ingeniería); Carlos Bortis (ex vicedecano y ex presidente de la Fundación Universidad Nacional); José Luis Pincini (ex secretario Técnico de la Universidad); Sergio Antonelli (ex secretaro Técnico de la Facultad de Ingeniería); Miriam Ferrari (ex directora del Departamento de Tecnología Química); Edith Ducrós (es subdirectora del Departamento de Tecnología Química); y Javier Boretti (De Smet). En tanto, a Aníbal Demarco (De Smet), le dictaron falta de mérito.

Qué había dicho el juez

En el fallo que el juez Carlos Ochoa emitió en septiembre del año pasado, había ya señalado la responsabilidad sobre el grupo de investigación, sin embargo no había imputado a la única sobreviviente, Lilina Ruetsch. El magistrado destacó en aquel momento que “sobre el terreno de las conductas culposas giró la explosión de la Planta Piloto; la cual se asienta sobre la decisión de hacer un trabajo en un lugar donde no debió haberse realizado, con la presencia e intervención de particulares y la inexplicable omisión en las autoridades universitarias de aquellos controles que habrían detectado a tiempo las falencias en materia de seguridad del ensayo”.

El criterio de evaluación de la investigación a realizar, específicamente las relativas al material usado (calidad y cantidad), la nula seguridad del sitio, así como el desarrollo del experimento fueron equivocados y hasta obstinados; ya sea porque en su decisión y ejecución se infringieron u omitieron elementales pautas técnicas y de seguridad, como también las relacionadas al control, la lógica y el sentido común. Apreciaciones estas últimas que alcanzan a todos aquellos que hayan intervenido en la creación y ejecución del proyecto, sean del sector universitario como del privado involucrado”.