Greenpeace presentó ayer un pedido de audiencia al Gobernador de la provincia, Celso Jaque, con motivo del inminente tratamiento de la “Ley de Glaciares”, que actualmente se encuentra en tratamiento en el Senado de la Nación. Desde la organización ambientalista señalaron como preocupante la falta de señales claras del Gobernador en relación a la “Ley de Glaciares”. De esta manera, Greenpeace reclamó un mayor compromiso público de Jaque con la protección de los glaciares y el área periglacial establecida con la Ley aprobada por Diputados el mes de julio último.

Greenpeace apoya y promueve el proyecto de ley resultante de la media sanción en el senado con las incorporaciones realizadas por la Cámara de Diputados en el mes de julio último. Para la organización ambientalista el proyecto consensuado establece las herramientas necesarias para la urgente y adecuada protección de las reservas de agua dulce y los ecosistemas de alta montaña, en los cuales los glaciares son un componente clave. Greenpeace sostiene que las provincias en las que se desarrollan actividades de alto impacto como la minería, deben implementar estas herramientas y fundamentalmente valorar los servicios ambientales que prestan los ecosistemas contribuyendo a sostener las economías locales.

En este sentido, la organización ambientalista salió al cruce de la “Declaración de la provincias cordilleranas: afirmación de sus competencias en materia de cuidado ambiental” firmada por varios gobernadores cordilleranos en julio pasado. En la declaración pública firmada en Buenos Aires por los gobernadores de San Juan, La Rioja, Catamarca; Tierra del Fuego, Río Negro; Salta, Jujuy y Santa Cruz, el grupo de mandatarios “rebeldes” liderados por José Luis Gioja, declaran que la “Ley General del Ambiente” es legislación suficiente en materia ambiental, ya que esa norma delega en las provincias la evaluación de impacto ambiental de las actividades que puedan afectar a sus recursos.

Desde Greenpeace sostienen que los gobernadores “rebeldes” deciden ignorar concientemente que la propia “Ley General del Ambiente” establece al “ordenamiento ambiental del territorio” como el primero de los instrumentos de la política y gestión ambiental, estableciendo al mismo tiempo que uno de los criterios que señala la norma para desarrollar el mencionado ordenamiento es la “conservación y protección de ecosistemas significativos”: la “Ley de Glaciares” intenta exactamente eso. Por otro lado, los ambientalistas consideraron como una señal preocupante que desde las provincias se desconozca la función del Congreso Nacional de dictar normas de Presupuestos Mínimos, tal como lo establece la Constitución Nacional en su Artículo 41.”

“Debemos reconocer que el Gobernador Jaque no haya firmado esta declaración, pero le pedimos que sea claro con respecto a la “Ley de Glaciares” que apoyará”, señaló Villalonga y agregó “Mendoza debe apoyar la Ley aprobada en Diputados ya que garantiza la protección de los glaciares como reservas de agua dulce para los habitantes de la provincia y el desarrollo de sus actividades productivas.”

La minería, tal como la conocemos hoy, es una actividad que comenzó a desplegarse en una escala gigantesca en los últimos años. Es por ello natural que frente a este nuevo escenario, se procure adecuar el marco jurídico del país a la nueva realidad. La “Ley de Glaciares” es un paso en ese sentido. Nunca antes se había desarrollado minería de estas características a más de 4.000 metros de altura. Es por ello que la aparición de la explotación minera en sitios en los que existen glaciares de alta montaña exige hoy que se establezcan mínimos criterios de ordenamiento territorial en la Cordillera para preservar estos ecosistemas del avance de los emprendimientos mineros.