En una nueva manifestación para exigir el 82% móvil, los pasivos transferidos arrojaron huevos contra la Casa de Gobierno. Elevaron un planteo ante la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Tal como habían hecho hace algunas semanas los Autoconvocados de la Salud, ayer un grupo de jubilados transferidos, en el marco de la lucha que llevan delante desde hace años para exigir el pago del 82 por ciento móvil, descargaron su descontento arrojando huevos contra la Casa de Gobierno, en un hecho que reviste gravedad, más allá de lo justo del reclamo.
La protesta de los pasivos se concretó en horas de la mañana e incluyó un corte de tránsito en la esquina de San Martín y 25 de Mayo, agravando el de por sí caótico tránsito vehicular en ese sector neurálgico del microcentro capitalino.
Tras justificar ese accionar aduciendo su hartazgo ante la falta de respuestas del Poder Ejecutivo a sus planteos, los Jubilados de la Plaza confirmaron que acompañarán la movilización y posterior vigilia convocada por los Autoconvocados de la Salud para el 8 de julio (ver página 3).
La bronca de los jubilados, que vienen marchando todos los miércoles desde hace siete años para exigir el 82 por ciento móvil, también se tradujo en un planteo que presentaron esta semana ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, a cargo de Anselmo Sella.
Con el patrocinio de los abogados Rodolfo Burgos y José Páez, los abuelos recordaron que hay fallos judiciales que ordenan al Estado a hacer frente al pago de ese beneficio jubilatorio, sin que hasta la fecha se haya cumplido con esas disposiciones.
Además, plantearon que desde 1996, cuando se aprobó el convenio de transferencia del sistema previsional provincial a la Nación, en el cual se dejaba aclarado que correspondía al Estado tucumano hacer frente a las consecuencias de juicios que pudiera plantear el sector para exigir la actualización de haberes, eran más de 35 mil los jubilados transferidos. "Hoy quedamos menos de 22 mil, cifra que irá reduciéndose año a año por el proceso natural de la muerte, hasta su completa desaparición, dado que el sistema no prevé nuevas incorporaciones al sector", advirtieron.
Reclamo por distintas vías
La nota presentada por los pasivos señala que como transcurrieron "tres largos años sin una actualización del Ejecutivo provincial (el último aumento se otorgó en junio de 2008)", el sector decidió reclamar reajustes, tanto por vía administrativa, como a través de una acción judicial, sin obtener respuesta satisfactoria.
"El Gobierno, en lugar de haber previsto un plan para normalizar nuestra situación y abonarnos las deudas que el Estado mantiene con nosotros, ha preferido elaborar una sofisticada estrategia donde los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin hablar de la prensa, han colocado barreras infranqueables para intimidarnos e impedirnos el ejercicio de nuestros derechos ampliamente reconocidos en los papeles", lanzaron, en otro tramo de la misiva entregada al Ombudsman nacional.
Por otro lado, recordaron que el Gobierno se vino excusando de hacer frente a ese reclamo señalando que no le corresponde a la provincia legislar en materia salarial; que la responsabilidad del pago es de la Nación y que la provincia no está en condiciones financieras de afrontar la actualización salarial.
Luego de recordar que desde hace casi dos meses instalaron una carpa frente al despacho del gobernador José Alperovich para hacer escuchar su reclamo y destacar las marchas que, ininterrumpidamente, vienen realizando todos los miércoles, los Jubilados de la Plaza lanzaron: "Por encima del dinero que se nos adeuda, conservamos la dignidad que nos inspiraron nuestros ancestros y permaneceremos en la lucha hasta que el Gobierno cumpla con su obligación o hasta que el frío y la intemperie en este crudo invierno, nos acallen para siempre".
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